Desde el pasado mes de julio, la Ciudad Autónoma ha venido preparándose para solicitar a la Administración General del Estado, el establecimiento de medidas para unos precios más acordes en la línea del Estrecho, tanto para los residentes como para los no residentes, porque no nos podemos olvidar que se ha llegado a declarar que en algunas ocasiones esta situación estaba suponiendo un freno a la expansión económica de nuestra ciudad. A partir de la anunciada visita del ministro de Fomento, José Blanco, se planteó un primer informe, pero hubo de esperarse hasta mitad de noviembre, después de varias suspensiones, para que el presidente Vivas le pudiera exponer las tesis de su ejecutivo.
Ello iba acompañado con un informe jurídico, realizado por un bufete de abogados contratado por la Ciudad, donde se establecían las fórmulas jurídicas para el establecimiento de ese precio máximo y que le fue enviado al propio José Blanco una semana antes de su llegada a nuestra ciudad.
