{jaimage crop="ML" /}La privatización de servicios en la sanidad pública se ha convertido en un foco de problemas para la Administración. En la última semana, un teleoperador del Centro Coordinador de Urgencias del 061 solicitó la baja por la tensión que acumula tras más de cuatro meses sin cobrar. Otro trabajador del mismo departamento tuvo que pedir a su casero una prórroga por los meses de alquiler que debe. Las nóminas ya sólo no llegan a sus cuentas bancarias, sino que tampoco lo hacen físicamente. “Desconocemos si seguimos cotizando”, desvelaron.
La externalización de servicios en la sanidad se ha convertido en un campo de minas para los directivos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta. El último conflicto en estallar ha sido, precisamente, el servicio de teleoperadores dependiente del Área de Atención Sanitaria de Ceuta. Publicado y adjudicado en diciembre de 2011 por la Dirección Territorial del último Gobierno socialista, la empresa Novasoft se hizo con el contrato por cerca de 500.000 euros.
Fernando Pérez-Padilla, en la actualidad al frente de la institución sanitaria, heredó la contrata cuando comenzó a ejercer en el cargo a finales de enero de 2012. En septiembre de 2011, las declaraciones del presidente de Novasoft sobre el sector empresarial en los medios de comunicación malagueños no eran muy esperanzadoras. Los problemas de financiación de la empresa se acentuaron y comenzaron a saltar los escándalos por impagos en distintos puntos del país donde prestaba servicio. Los acontecimientos se sucedieron por el territorio nacional hasta que alcanzó a los teleoperadores del 061 en Ceuta, quienes hicieron público que les debían tres salarios.
La plantilla continúa sin noticias de la Dirección Territorial desde que Pérez-Padilla se reunió con ellos a mediados de agosto. Del acuerdo inicial con Eulen para la explotación del servicio, nunca se supo más que este Grupo en Madrid desmentía su existencia aunque contemplaba una posible comunicación a varias compañías.
José Antonio Carracao, secretario general del PSOE en Ceuta y asesor del delegado del Gobierno cuando se contrató a Novasoft, planteó la semana pasada la integración de este colectivo del 061 en el Servicio de Emergencias 112. Una propuesta que Emilio Carreira, portavoz del Gobierno de la Ciudad Autónoma, declinó porque “en estos momentos la Ley prohíbe que nadie entre en la Administración, ni en las empresas municipales y organismos autónomos, porque hay una tasa de reposición cero que sólo admite como excepción la Policía Local con un 10 por ciento”, como ya publicó este periódico.
El dirigente socialista explicó que se encuentra en estudio la “carga presupuestaria que eso supondría para la Ciudad, pero consideró que es “posible”, además de apostar por que este recurso esté “amparado desde lo público para evitar que se produzcan cosas como éstas”. Sin embargo, el Gobierno del que Carracao formó parte, obvió que la externalización pudiera desembocar en situaciones como las que su partido ahora denuncia.
“La privatización de la sanidad pública sale cara a los contribuyentes”, sentenció Ángel Lara, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO. Una afirmación que ilustra qué ocurre con otra de las áreas en manos privadas que adjudicó el Ejecutivo del PSOE: el transporte terrestre sanitario, es decir, el traslado de pacientes en ambulancia.
La experiencia fallida con Royda se saldó con una serie de sentencias que condenan a la empresa y al Ingesa a abonar de forma solidaria diversas cantidades. La última condena obliga al pago de 1.896 euros a un trabajador, pero en una resolución de 2012, también se insta a la Administración a desembolsar, subsidiariamente, unos 50.000 euros a 27 empleados de la misma compañía representados por CCOO.
De Royda, la gestión de las ambulancias del 061 se trasladó a MP Pasquau en agosto de 2011. Otra adjudicación que resultó desafortunada ya que los trabajadores tuvieron que volver a las movilizaciones para exigir el cobro de sus sueldos hasta que SSG se quedó con el servicio este año, un episodio con Pérez-Padilla como director territorial.
El argumento que esgrimió Pérez-Padilla para justificar una posible entrada de capital privado en la sanidad pública local, el ahorro en costes en Cocina y Lavandería, fue recibida con protestas por parte de los sindicatos. Una de estas centrales, en concreto CCOO, solicitó la semana pasada una reunión con Francisco Antonio González, actual delegado del Gobierno, con el fin de encontrar fórmulas que impidan que las empresas adjudicatarias de contratos de la Administración arrastren deudas que puedan derivar en el impago a los trabajadores, como ocurre ahora con los teleoperadores del 061.
