El grupo de la oposición considera que la postura del Gobierno local puede tildarse de “no legal” y de “mafiosa”.
“Si el Gobierno inicia sólo una medida contra los parados por el hecho de manifestarse, UDCE se querellará contra el porque consideramos que estas prácticas no son legales y se pueden calificar de mafiosas”. Así de contundente se mostraba el líder del grupo de la oposición en respuesta a las declaraciones de la portavoz Yolanda Bel sobre las concentraciones diarias de los parados ceutíes.Las manifestaciones de Bel son, a juicio de Alí, un “ataque frontal” a los derechos constitucionales de manifestación y libertad de expresión de los desempleados, por lo que “el Gobierno debe reprobar públicamente a su portavoz y si esto no se produce debería solicitar su dimisión o cese”.
En una democracia, apunta, “no se puede tolerar que la portavoz diga que se van a tomar medidas legales o que no le gustan las manifestaciones”. En este sentido, Alí acusa a la Ciudad de “no ser leal” hacia el resto de partidos políticos en una lucha conjunta para combatir el paro. “No encontramos correspondencia por parte del Gobierno. Hemos sido responsables, constructivos y aportamos ideas intentando que se busquen soluciones”.
Para Alí también es “lamentable” que el Gobierno no considere el paro como el verdadero problema, y sí las manifestaciones de los desempleados. A este critica suma el hecho de que la Ciudad culpa a los manifestantes del caos circulatorio que padece Ceuta, cuando “habría que recordarles que el caos es protagonista diario con o sin manifestaciones”. Estas manifestaciones deberían dar paso a una reflexión, tal y como explica el líder de la oposición, “hasta hace poco se escudaban en el tema de las obras y ahora tienen una mejor: los manifestantes”.
Ante estos hechos, Alí ha instado al Gobierno a mostrar una “postura responsable” con los parados en la que “atienda” y muestre públicamente su “sensibilidad”. En este sentido, el líder de la oposición insiste en que la Ciudad no debe comprometerse en propuestas de empleo que no puedan cumplirse, pero que es necesario “escuchar a los parados y buscar entre Gobierno, oposición y agentes sociales una solución que también se traslade a la Administración General del Estado”.
