El clímax de la estrategia de “movilización sostenida” iniciada por las centrales sindicales mayoritarias hace unas semanas contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy es visto desde posiciones radicalmente opuestas por los dos primeros grupos políticos con representación en la Asamblea. Mientras el portavoz de los Populares ceutíes, Francisco Márquez, considera que la convocatoria oficial de huelga general para el próximo 29 de marzo es “prematura” y tiene poca o nula justificación, el líder de Caballas, Mohamed Ali, la contempla como una respuesta “imprescindible” a lo que según su criterio es “el mayor atentado que ha conocido España contra el Estado del Bienestar y los derechos de los trabajadores”.
Unos y otros sólo coinciden en su “respeto” hacia el ejercicio de “un derecho constitucional democrático y legítimo”. A partir de ahí, todo son discrepancias.
“En poco más de dos meses, el Gobierno de Mariano Rajoy”, recuerda Márquez, “ha demostrado buscar el acuerdo sin renunciar al desarrollo del programa electoral con el que logró el respaldo de una amplia mayoría de los españoles, a los que entre otras cosas se les había prometido crear las condiciones para facilitar la generación de empleo, que es a lo que sirve la reforma refrendada por el Congreso, donde se abrirá al debate de todas las sensibilidades en Comisión durante su tramitación parlamentaria”.
Al PP de Ceuta le parece que CCOO y UGT deberían haber aguardado al menos al final de ese camino para movilizarse y convocar una protesta “con la que no se crea ni un puesto de trabajo y que no contribuye en nada a dar pasos adelante”.
Ali estima, sin embargo, que la respuesta de los sindicatos está “más que justificada” para responder a una norma “que pretende borrar derechos adquiridos como la Negociación Colectiva y tantos otros bajo la patente de corso de que en estos tiempos de crisis todo está justificado contra los trabajadores”.
Márquez ha apelado a la “responsabilidad” de los sindicatos para que el 29-M se desarrolle “con normalidad y para que “se respete el derecho a ir a la huelga y a no hacerlo”.
Unos y otros sólo coinciden en su “respeto” hacia el ejercicio de “un derecho constitucional democrático y legítimo”. A partir de ahí, todo son discrepancias.
“En poco más de dos meses, el Gobierno de Mariano Rajoy”, recuerda Márquez, “ha demostrado buscar el acuerdo sin renunciar al desarrollo del programa electoral con el que logró el respaldo de una amplia mayoría de los españoles, a los que entre otras cosas se les había prometido crear las condiciones para facilitar la generación de empleo, que es a lo que sirve la reforma refrendada por el Congreso, donde se abrirá al debate de todas las sensibilidades en Comisión durante su tramitación parlamentaria”.
Al PP de Ceuta le parece que CCOO y UGT deberían haber aguardado al menos al final de ese camino para movilizarse y convocar una protesta “con la que no se crea ni un puesto de trabajo y que no contribuye en nada a dar pasos adelante”.
Ali estima, sin embargo, que la respuesta de los sindicatos está “más que justificada” para responder a una norma “que pretende borrar derechos adquiridos como la Negociación Colectiva y tantos otros bajo la patente de corso de que en estos tiempos de crisis todo está justificado contra los trabajadores”.
Márquez ha apelado a la “responsabilidad” de los sindicatos para que el 29-M se desarrolle “con normalidad y para que “se respete el derecho a ir a la huelga y a no hacerlo”.
La sexta huelga general en España
La del 29 de marzo contra la reforma laboral aprobada por el PP, a juicio de CCOO y UGT "la más regresiva" para los derechos de los trabajadores, será la sexta convocatoria de huelga general de 24 horas promovida por los sindicatos desde el final del franquismo. La cita tiene como antecedente el paro del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral socialista, la reducción salarial en el sector público y la congelación de las pensiones. Las centrales cifraron su seguimiento en Ceuta en un 55%. La Delegación habló de un apoyo “muy limitado”.
