La Policía Local está haciendo un trabajo para el que no tiene medios ni preparación, mientras que la Protectora de Animales está haciendo una labor que no le corresponde.
Tras las quejas de la Policía Local sobre la falta de material para realizar actuaciones con animales y el posicionamiento del Ejecutivo refiriéndose a la existencia de una especie de protocolo que tiene algunos puntos dudosos, las partes implicadas en esta cuestión se han manifestado haciendo un llamamiento al diálogo y asegurando que la única solución es “sentarse a hablar”.
Manuel Coronado, viceconsejero de Gobernación, admitió la falta de materiales y formación específica, aunque aludió a que la responsabilidad no es de la Policía y a que son los servicios veterinarios de la Ciudad los que disponen de este tipo de equipamiento. A pesar de todo reconoció que los agentes estaban recogiendo animales cuando no consiguen contactar con los laceros. “Los agentes hacen lo que pueden y es cierto que alguna vez han trasladado perros dentro de los zetas, pero puedo asegurar que los coches luego se han sometido a un proceso de desinfección”. En cualquier caso, el viceconsejero reconoció que “este es un asunto sobre el que tendremos que sentarnos a hablar con la Consejería correspondiente”.
En cuanto a la competencia de la Policía Local en lo referente a actuaciones con animales, la Ley 50/99 describe el régimen de actuación con animales peligrosos. En este sentido, la Policía Local es la responsable de velar por el cumplimiento de la normativa y, si alguien llevara un perro sin cumplir las condiciones legales o se hubiera escapado el animal tendrían que proceder a levantar un parte de infracción. De hecho, en Ceuta ya ha habido sanciones a algunos propietarios que no cumplían con la normativa. El coste de las mismas variaría entre los 300 y los 15.000 euros. En Ceuta se han llegado a poner algunas de cerca de 2.500 euros.
Por su parte, la Protectora de Animales recordó que la competencia sobre la recogida de animales es una competencia “únicamente municipal” que ellos estaban realizando “de forma completamente voluntaria y sin que nos corresponda”. El convenio les da la razón a pesar de lo manifestado por la Ciudad durante los últimos días. El texto obliga a la organización a “recepcionar, alojar y mantener” a aquellos animales abandonados y que por motivos de “capacidad e incompatibilidad horaria no puedan acogerse en la perrera”. En este sentido, desde la Protectora explicaron que estaban utilizando los medios particulares de sus voluntarios para realizar recogidas y que corrían con todos los gastos que se derivaban de ello. “Nuestro convenio es meramente sanitario y estos costes no podemos incluirlo porque no entrarían dentro del mismo”, confirmaron.
Además, la Protectora no cuenta con unas instalaciones adecuadas para alojar perros peligrosos o agresivos porque las obras que se iniciaron hace un año están incompletas, lo que complicaría más la situación que existe actualmente.
