Ante la solicitud que mantiene el MDyC para que el Pleno de la Asamblea recupere las competencias ahora asumidas por el Consejo de Gobierno, pese a que un primer informe elaborado por la secretaria de la Ciudad daba cierta razón al grupo local, una ampliación posterior de dicho informe no cambiaría la actividad que ahora se mantiene, ya que no revertiría efecto alguno. “Hay normativa, reglamentos y disposiciones legales posteriores que quitan razón, o que quitan peso especifico, al acuerdo del año 95”, detallaba la portavoz accidental del Gobierno, Kissy Chandiramani, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno.
Justo en la mañana de este viernes se celebró la comisión informativa donde se expuso dicho informe, el primero que se elaboró donde se cuestionaba la derogación de acuerdo que se adoptó el 14 de julio de 1995 cuando se acordó pasar ciertas competencias del Pleno al Consejo de Gobierno, así como la nueva ampliación cuyos efectos serían “nulos”. Los motivos se deben a las nuevas normas que se han aprobado con posterioridad a 1995, entre las que Chandiramani incluyó la ley de grandes ayuntamientos o la ley de estabilidad de las administraciones públicas “y todo eso ha hecho que las competencias residan en otros órganos que no son el Pleno de la Asamblea”, explicaba la portavoz.
Por lo tanto, asumió que han sido las leyes aprobadas con posterioridad las que han ido quitando competencias a los Plenos para delegarlas en los órganos del Gobierno. “Al final, esta ampliación que ha hecho la secretaria general nos ha aclarado a todos la situación en la que se encuentra en cuanto a competencias el Pleno y el Consejo de Gobierno ”.
Incidió que este informe lo que ha hecho es “decirnos que los asuntos que lleguen a Pleno lleven el informe jurídico y hayan tenido su tramitación previa a la aprobación en el Pleno”. De igual manera, Chandiramani acusó al MDyC de querer “paralizar” las decisiones que el Consejo de Gobierno tiene que llevar y tiene que aprobar para el cumplimiento de los servicios públicos y todas las actuaciones que tiene encomendada la Ciudad. “Hay algunos grupos políticos que se empeñan en decir que nosotros somos un ayuntamiento con competencias de ayuntamiento y nosotros somos una ciudad autónoma”, puntualizó.
El PSOE, por su parte, ha solicitado un nuevo informe a la secretaría general sobre las competencias que tendría cada órgano, es decir, el Pleno y el Consejo de Gobierno.
Otros acuerdos del consejo de gobierno
La Consejería de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad elevó al Consejo de Gobierno la aprobación, con carácter urgente, del convenio de colaboración que mantiene con la asociación Digmun por un valor de 105.000 euros. Esta aportación va dirigida, como en años anteriores, a la financiación de las aulas de inmersión lingüísticas y los talleres de alfabetización que se imparten a los Menores Extranjeros No Acompañados, así como otras actuaciones que lleva a cabo esta asociación con diferentes colectivos.
El Consejo de Gobierno aprobó la contratación se los servicios de las guardarías de Juan Carlos I y de Nuestra Señora de África por valor de 28.631 euros para gastos que se van a ejecutar en 2020. Esta misma Consejería solicitó la aprobación de un convenio con la Asociación Cultural Banda de Música Ciudad de Ceuta por un importe de 60.000 euros para diferentes programas de promoción y fomento de la música.
La Consejería de Juventud y Deporte suscribirá un convenio de colaboración, previa aprobación del Consejo de Gobierno, con la Federación de Baloncesto por valor de 61.800 euros, 1.800 euros más que el año pasado. Se destinará a la gestión y funcionamiento de la promoción deportiva escolar de este deporte, así como la campaña de verano de este año que ya se ha publicado y está en funcionamiento.
La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública abordó en el Consejo de Gobierno la actualización de la tabla retributiva de los Planes de Empleo, así como el establecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales para los trabajadores de este programa, tal y comos e estableció en el convenio colectivo aprobado por el Pleno de la Asamblea en septiembre de 2017 y con el consenso de las centrales sindicales.
