La reapertura de la frontera ha venido acompañada de una serie de criterios que persiguen alcanzar un tráfico ordenado. En esa pretensión todos estamos de acuerdo, nadie puede añorar otros tiempos que, además de inhumanos, no eran buenos para la imagen de Ceuta ni de Europa. Pero hay líneas que no pueden superarse y una de ellas es la de tomar el pelo a quienes han esperado mucho para poder cruzar. El colectivo de transfronterizos iba a ser el prioritario en todo, iba a tener una especial consideración al estar integrado por hombres y mujeres que tuvieron sus contratos, que cotizaron a la Seguridad Social y que no han obtenido ningún derecho en esta pandemia al formar parte de un carácter laboral especial, pero a su vez injusto. Aquellas promesas no se han cumplido generando una situación a todas luces impropia. A los que se quedaron en Ceuta por miedo a perder sus puestos de trabajo no se les da más salida que acudir a su país, a sabiendas de que será complicado que vuelvan de inmediato. A los que están en Marruecos tampoco se les facilita mucho la entrada, ni tampoco se orienta como se debe a sus empleadores. Nunca se dio información -se ha tenido dos años para ello- de cómo se tenía que mantener una contratación con un personal fantasma. Ahora, resulta, que sí se podía pero ni las propias asesorías lo conocían. Esto lleva a que miles de personas no puedan cumplir con los requisitos de entrada hasta que se pueda resolver su situación laboral. Carentes de información, el Consulado solo anuncia que dará 40 citas diarias, lo que imposibilitará que los entre 3.000 y 4.000 marroquíes puedan ingresar en Ceuta en un tiempo más o menos próximo. Delegación y Gobierno central deberían haber sido mucho más claros con quienes son más débiles, sobre todo cuando llevan de bandera eso de ser socialistas, condición que, en este caso, no ha existido. Se podía haber pensado en muchas alternativas pero se ha elegido la peor.
