La pandemia se ceba con las empleadas del hogar y dispara el trabajo ‘en B’

No hace ni tan siquiera una década que estas trabajadoras fueron incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social. Solo desde entonces comenzaron a estar protegidas frente a accidentes laborales o enfermedades profesionales. Con todo, el colectivo de empleados de hogar, constituido fundamentalmente por mujeres, sigue sin disfrutar a día de hoy de derechos tan básicos como el de una prestación por desempleo. Y eso las que cotizan, porque dentro de esta actividad la economía sumergida es un componente endémico. Las afiliaciones en esta ocupación están actualmente por debajo de las 700 en Ceuta.

La crisis les está pasando factura y eso se nota en el número de trabajadoras que cotizan. En enero de 2020 la cifra de afiliadas a la Seguridad Social era de 2.126 en Ceuta. Pero a final de ese mismo año, en diciembre, el último mes del que se tienen datos, la estadística de la Seguridad Social refleja que eran solo 696 personas, el dato más bajo de la última década. O lo que es lo mismo: en un año 1.430 se han quedado en el paro sin cobrar, rompiendo de esta manera una tendencia alcista que se había iniciado en 2015. Aunque CCOO estima que en realidad puede doblar esa cifra.

En febrero del año pasado, antes del cierre de frontera y declaración del estado de alarma, nos encontrábamos con que el número de trabajadoras dadas de alta en este sector, en la Seguridad Social, era de 2.031 regularizadas, “aunque hay que mencionar que era un número alto comparado con años anteriores, por los problemas que tenían en la frontera para pasar ya que si no tenían papeles de trabajo, como ellas lo llaman, para poder justificar que venían a Ceuta a trabajar, no las dejaban pasar”, explica la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO de Ceuta, Rosario Andreu.

Pertenecen a uno de los colectivos de trabajadores más desprotegidos y la crisis del COVID está estrangulando todavía más sus derechos y sus ingresos. La pandemia se ha cebado especialmente con estas trabajadoras. Con el confinamiento y el teletrabajo, tareas como las de limpieza del hogar, llevar los niños al colegio o el cuidado de ancianos los han pasado a hacer en no pocos casos directamente las familias que antes las empleaban, ya sea porque apenas se sale de casa o por miedo al contagio, lo que ha dejado a muchas de ellas sin empleo o cobrando menos horas.

Si en la primera y segunda ola del coronavirus las trabajadoras del hogar ya fueron tratadas como profesionales de segunda, en esta tercera las cosas no han cambiado en nada. Durante el confinamiento, algunas fueron despedidas y en la desescalada no todas recuperaron su empleo. Trabajar de forma no declarada ha conllevado, igualmente, que a menudo no pudieran acogerse al subsidio que el Gobierno habilitó para ayudarlas durante el confinamiento.

El COVID también ha provocado que se dispare el trabajo en B. “Que en una ciudad como Ceuta haya menos de 700 personas dadas de alta en este sistema especial, salta a la vista que no es un dato real. Se han dado de baja a muchas porque ahora trabajar en negro es más fácil y no tienen por qué tener papeles. Por lo tanto, se trabaja en negro ya que ahora no faltan a sus puestos de trabajo como antes que había colas en la frontera. Además, muchas se han quedado aquí, sin documentación y solo con su pasaporte marroquí, tienen que ganarse la vida y no protestan absolutamente por nada ni exigen solo el sueldo pactado que son unos 30 euros por día”, apunta Andreu.

Un 70% de las empleadas del hogar que trabajan no tenía regularizada su situación. Un colectivo “en el que más del 90% son mujeres, es tremendamente precario y sufre una desprotección brutal”. Y muchas de ellas son, recuerda, “transfronterizas, por lo que sufren una doble discriminación”.

De ahí que el Gobierno de Pedro Sánchez haya puesto el foco en sacar a la luz la economía sumergida que hay en el sector de las empleadas del hogar, uno de los más afectados por este tipo de fraude, ya que se estima que una de cada tres estaría trabajando en B. Por eso, la Inspección de Trabajo ha iniciado un Plan de Actuación para regularizar los salarios y cotizaciones a la Seguridad Social en esta actividad.

Más allá del subsidio que lanzó el Gobierno en verano para ayudar al colectivo y del que, a nivel nacional, tan solo se han gastado el 18% de los fondos destinados, las trabajadoras del hogar reclaman que se mejoren sus condiciones laborales. “Lo que piden todas las trabajadoras que se encargan de limpiar casa o cuidar de ancianos y niños es algo tan sencillo como equipararse en derechos al resto de trabajadores”.

El colectivo reivindica que se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pasar a estar incluidas en el régimen general de la Seguridad Social y tener los mismo derechos que el resto de los trabajadores: paro, baja por enfermedad, así como la eliminación del régimen de interna. Pero, por ahora tendrán que esperar.