El inaudito procesamiento contra el juez Baltasar Garzón ha tenido una virtud sobrevenida: por primera vez los jueces del Tribunal Supremo han tenido la ocasión de escuchar en sede judicial el relato pormenorizado del horror franquista en boca de sus víctimas. No será para juzgar los crímenes cometidos sino para determinar si el juez que intentó investigarlos prevaricó al hacerlo. Fue estremecedor el testimonio de María Martín, una anciana de 81 años que tenía tan sólo seis cuando se llevaron a su madre para asesinarla el 21 de septiembre de 1936. Aunque dice saber el lugar en el que está el cuerpo, declaró que todas las gestiones realizadas para recuperarlo han fracasado. Su presencia fue conmovedora, como lo fue también una ausencia, la de Jesús Pueyo, otro anciano que soñaba con el día en que podría relatar el horror del asesinato de su padre, de tres tíos y de dos primas en Uncastillo (Zaragoza), un lugar en el que no hubo frente de guerra. Ensayaba cada día su relato frente a su mujer para, llegado el momento, no derrumbarse ante el Tribunal. Pero no llegó: el hombre falleció hace un mes.
Ni María ni Jesús son personas de memoria advenediza. Por razones obvias tuvieron que guardar un ominoso silencio durante las cuatro décadas que duró la dictadura que asesinó a sus familiares. Pero llegada la democracia comenzaron a movilizarse para recuperar los cuerpos, la historia y la dignidad de sus desaparecidos. Desde 1977, Jesús Pueyo escribió al Rey, al presidente de Gobierno, a Naciones Unidas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Conferencia Episcopal, recibiendo en todos los casos la callada por respuesta. Hasta que llegaron, arropados por una veintena de asociaciones de víctimas, a la Audiencia Nacional, en donde el juez Garzón decidió que era su deber saber si era competente para investigar los crímenes, si habían prescrito o no y si quedaba algún autor vivo a quien imputárselos. Por eso se sienta hoy en el banquillo.
La Transición española, modélica en tantas cosas, fue incapaz de juzgar los desmanes del franquismo a su debido tiempo. Ese error, grabado a fuego en nuestra historia, seguramente ya no tenga remedio. Pero convendría no agrandarlo condenando al juez que un día intentó encontrar en los resquicios de la ley una vía para hacer justicia.
