El pasado lunes el Pleno aprobaba una rebaja del tipo impositivo del 4 al 2 por ciento en el caso de la transmisión de un inmueble nuevo cuyo precio no supere los 250.000 euros y cuyo comprador no tenga una renta superior a los 18.000 euros anuales por perceptor. Una medida con la que el Gobierno pretende reactivar el mercado de la vivienda. No obstante, representantes del sector, concretamente la Asociación de Promotores de Ceuta, consideran que esta medida no tendrá el efecto que se persigue.
En primer lugar porque advierten de que en el stock actual de viviendas, unas 140, hay “muy pocas” con un precio inferior a 250.000 euros. Según esta organización, en el stock actual sólo hay dos tipos de viviendas con un precio inferior al límite marcado. Se trata de casas con dos dormitorios y por 195.000 euros, pero en la zona del campo exterior. El siguiente precio es de 245.000 euros por una vivienda de tres dormitorios y también en el campo exterior. El inconveniente es que personas con esta renta van a encontrar muchas dificultades para acceder a un crédito para esta vivienda.
El segundo inconveniente que encuentran es precisamente este último, que una persona con una renta igual o inferior a 18.000 euros tiene una capacidad de pago escasa, por lo que tendrá dificultades para acceder a la financiación bancaria. De esta manera, considera que compradores potenciales con esta renta buscarán viviendas fuera del centro y de segunda mano en su mayoría, donde ya no estaríamos hablando de IPSI, sino de impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
Por estos dos motivos, desde esta organización se piensa que no ayudará a vender las viviendas que están en stock -considera que saldrá sólo el 10 por ciento- “ya que esta medida está revestida de una pretendida política social, y para eso ya está previsto el producto de VPO en régimen concertado, el idóneo para la Ciudad”.
Además, los promotores piensan que esta medida no entrará en vigor este año debido a que se encuentra en la aprobación inicial y debe pasar aún por el periodo de un mes de alegaciones, resolución de las mismas, aprobación provisional, informe del Ministerio de Economía y Hacienda, y aprobación definitiva. Además, la ayuda tiene fecha de caducidad: el 31 de diciembre de 2012.
Precisamente en el periodo de alegaciones tienen mucho que decir los promotores. En primer lugar pedirán que se elimine la limitación de la renta ya que “no debe tratarse de una medida de carácter social sino para impulsar la eliminación del stock de viviendas”. Otro de los argumentos que hacen es que el límite de renta requiere también una labor inspectora que será “complicada y tendrá unos costes”.
En sus alegaciones también incluirán que para dinamizar el sector comercial, y en definitiva el empleo, se incluyan los locales comerciales en primera transmisión. “Un local cerrado no genera, abierto crea empleo”, manifestó su vicepresidente, Antonio Barranco. También pedirán mediante alegaciones que el periodo inicial sea prorrogable por periodos similares, sin pasar de nuevo por todo el trámite, dándose luz verde a dicha prórroga mediante aprobación plenaria.
En definitiva, esta organización considera que se trata de una medida inspirada en una reciente normativa estatal, pero recuerda que esta última no pone límite ni al precio ni a la renta del comprador. “De hecho, el mismo Partido Popular ya ha avanzado que, en el caso de gobernar, prorrogará el plazo, que en el Estado tiene límite de 31 de diciembre de 2011”, indica.
