Tres han sido las razones primordiales que han llevado a la Ciudad Autónoma a proponer la conversión de los ciento veinte trabajadores temporales en fijos.
Por un lado, que los mismos son necesarios para el mantenimiento y la mejora de los programas para los que fueron contratados en su momento. La segunda, es que con este paso mejoran sus propias condiciones de trabajo, no en vano, un asalariado cuando tiene detrás un contrato indefinido no es lo mismo que la incertidumbre de ir renovándolo año tras año. Y la tercera es que con una mayor contratación indefinida se mejora la actividad económicas.
Ni más ni menos han sido las causas que han llevado al departamento de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma a promover el cambio de esta temporalidad en contratos fijos y que tanta polémica está provocando en estos últimos días.
Fuentes del Gobierno autonómico han señalado a esta redacción que a lo largo de los últimos años el equipo presidido por Juan Vivas había fomentado la contratación temporal para la realización de nuevos programas que mejoraban la prestación de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
Y mientras que los servicios han quedado como definidos porque así lo demandan los mismos ceutíes con su interés por los mismos, en cambio los contratos de estos trabajadores no se habían hecho indefinidos y se renovaban año tras año con el consiguiente miedo lógico por parte de esos mismos contratados. No tenía mucho sentido permanecer con los servicios y temporalizar a quienes están al frente de ellos.
De ahí, que existiera un compromiso político del Gobierno del presidente Vivas con los sindicatos para reducir la temporalidad y ahora se han dado las circunstancias propicias para ello, amparándose en el catálogo de medidas que para la reforma laboral aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero el pasado mes de junio.
Una reforma laboral que hace más favorables las contrataciones fijas por parte del empleador, en este caso, la Ciudad Autónoma de Ceuta, pero que no perjudica para nada en sus contratos a estas ciento veinte personas.
Pero para ello existía una fecha límite como era la del treinta y uno de diciembre, de ahí, que todos los pasos se estén dando para que antes de la última jornada del año todo quede ultimado.
Además, debe hacerse una salvedad esencial en esta cuestión y es que ninguno de estos ciento veinte trabajadores está obligado a aceptar la oferta que pone encima de la mesa el Gobierno autonómico. A nadie se le pone una pistola en el pecho, tal y como dice el dicho popular, porque quien desee continuar con su anterior contrato de temporal, con renovaciones cada año es muy libre de hacerlo.
Igualmente, está claro que todos estos trabajadores temporales con sus contratos firmados en su día por obra o servicios tendrían ganada su permanencia en las nóminas municipales, pero para ello con anterioridad deberían denunciar a la Administración ante los tribunales de Justicia y que los mismos les den la razón, que sería lo más probable.
Se deja bien claro por parte de la Ciudad Autónoma que los ciento veinte elegidos son todos los que están contratados por obras o servicios pero pagados con fondos directos de las arcas autonómicas, no que dependen de ningún convenio con la Administración General del Estado, ya que se ha pensado que por cualquier circunstancia se rebaja la cuantía del mismo o desaparece y entonces deja de tener razón la permanencia de esta persona.
Además, las mismas fuentes quieren dejar patente que ni se ha incluido a nadie, ni se ha excluido a nadie, sino que están todos los que cumplen con los requisitos anteriormente mencionados y ni una sola persona más.
