El propio delegado del Gobierno señala que esas tarifas máxima deben ser muy estudiadas y con un equilibrio entre todas las necesidades.
La gran jugada de la Administración autonómica que se centraba en participar en una sociedad de capital mixto para convertirse en el cuarto operador en la línea entre Algeciras y Ceuta se ha venido abajo, como ya hemos contado porque los informes técnicos y jurídicos desaconsejan al Gobierno arriesgarse a una operación de estas características, dado que no puede intervenir en sociedades para el fomento de la economía fuera del término municipal, ya que se pueden dar indemnizaciones millonarias que se pagarían por parte de la Ciudad Autónoma. Ahora, donde se volverá a incidir cerca del Ministerio de Fomento es que se establezcan precios máximos en las obligaciones de servicio público en la línea del Estrecho.
Todos conocemos que la línea marítima entre Ceuta y Algeciras está considerada de interés público y que el Ministerio de Fomento saca a concurso una licitación para que alguna naviera se haga cargo de un contrato que mantiene una serie de obligaciones contractuales que deben ser cumplidas y por las que, por ejemplo, Baleària recibe todos los años dos millones de euros.
Sin embargo, aparte de ello, en el caso del propio servicio público también se verían inmersas las otras dos compañías, como serían Frs y Acciona Trasmediterránea, junto con Balèaria en el caso del buque Avemar, el cual se encuentra fuera del contrato de la línea de interés público. ¿Cuáles son las razones? Para la navegación de cabotaje entre los dos puertos, como decíamos antes, la consideración de interés público es clave, ya que las navieras que deciden instalarse no solamente deben presentar un aval ante el Ministerio de Fomento, sino que también han de cumplir con unas rotaciones determinadas y otras servidumbres. Por ello, lo que se quiere es un establecimiento de esos precios máximos para todas las navieras que operen entre los dos puertos.
Y ya existen precedentes, porque existen en los servicios aéreos de las islas con la Península y afectan a todas las compañías. Pues lo mismo se quiere hacer en el Estrecho de Gibraltar. Aunque como reconocía en una entrevista el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, “es una cuestión que ya se puso con anterioridad en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia y en su momento lo pusieron en cuestión”.
Tiene muy claro el máximo responsable de la Administración General del Estado en nuestra ciudad, que los operadores actuales en el Estrecho no sienten la necesidad de competir entre ellos, dado que el cincuenta por ciento de los dos millones de pasajeros que utilizan esta línea no tienen una forma alternativa para viajar, “es lo que denominamos la demanda cautiva”.
Pero también advierte que si el Ministerio de Fomento está dispuesto al establecimiento de esas tarifas máximas para todas las navieras, deben ser unas “tarifas muy estudiadas, donde haya un punto de equilibro perfecto entre la satisfacción de las necesidades de un precio razonable y que no haya problemas para el sostenimiento del servicio por parte de las navieras en cuestión”.
Un estudio muy concienzudo sobre las navieras
Ahora que la misma Ciudad Autónoma ha señalado que está dispuesto a cotejar los datos de los estudios económicos que tienen en relación con las navieras que navegan entre Ceuta y Algeciras, al indicar la propia Baleària una serie de datos en la entrevista que publicamos el pasado domingo, se debe indicar que en su posición como director gerente de Procesa, el actual delegado del Gobierno fue pieza clave en el estudio que se realizó hace unos dos años y que sirvió como base para las aportaciones que la Ciudad realizó en el pliego del actual contrato de la línea. Ahí se decía que los billetes se podían bajar un 30%.
