Después de la manifestación que tuvo lugar el pasado viernes en la puerta del Palacio de Justicia, en la que acudieron decenas de funcionarios del ramo, el sindicato Comisiones Obreras (la convocante) no cejará en el empeño de “que el Gobierno no privatice este servicio básico” y llamará a más manifestaciones siempre y cuando no se adopten medidas.
De tal modo, CCOO considera que cualquier reforma del Registro civil “debe garantizar su mantenimiento como servicio público dependiente del Ministerio de Justicia, independiente de otros registros públicos, atendido por funcionarios públicos pertenecientes a los Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia”.
El sindicato indica que “según los propios registradores, un sector crítico de los registradores de la Propiedad forzó la celebración de una asamblea básicamente por dos razones: la arrogancia de un borrador de ley que les atribuye las competencias sin consultarles y el rechazo social que han empezado a despertar, al considerar la sociedad que el servicio se privatiza y se deja en manos de los amigos de Rajoy, por compartir su profesión”.
“De dichas palabras”, continúan las fuentes de CCOO consultadas, “resulta evidente que la movilización que estamos realizando es útil y empieza a dar sus frutos, pues estamos consiguiendo que la sociedad tome conciencia de lo que supondría la privatización del servicio público del Registro Civil y por tanto se movilice. Y por ello, ahora más que nunca, hay que continuar con la protesta”, valoran.
Asimismo, el sindicato en su rama de Justicia señala que “la privatización de un servicio hoy asumido por la Administración de Justicia como es el Registro Civil es un claro ejemplo de lo que podría pasar en otros servicios de nuestra Administración, como son los servicios comunes. Si la cínica excusa para externalizar un servicio es que los funcionarios de Justicia debemos dedicarnos de forma exclusiva a la función jurisdiccional, para el Ministerio de Justicia todos aquellos servicios que estrictamente no lo sean (archivos, actos de comunicación, registro y reparto, etc) podrían ser objeto de externalización y ser privatizados”.
Por este motivo, y para finalizar, CCOO estima que “a todo el personal funcionario de la Administración de Justicia nos afecta completamente este proyecto de privatización del Registro Civil”.
