La Corporación de Prácticos del puerto de Ceuta ha formulado una solicitud de reconocimiento de responsabilidad patrimonial por importe de más 121.000 euros ante la Autoridad Portuaria por el acuerdo que su Consejo de Administración adoptó en noviembre del año pasado, cuando acordó que el número de profesionales mínimo de esta naturaleza debía ser de siete.
La Autoridad Portuaria formalizó hace catorce años un contrato para la prestación indirecta del servicio de practicaje en su ámbito competencial en virtud el cual se establecía que los medios personales necesarios para la prestación eran “cinco prácticos con la necesaria cualificación profesional, habilitados para el ejercicio en este Puerto”.
La Corporación entiende que, a pesar de que dicho contrato seguía “vigente”, el 28 de noviembre de 2013 el Consejo de Administración del Puerto introdujo modificaciones “sin justificación alguna”.
“El acuerdo adoptado aumentando el número de prácticos para la prestación del servicio tiene su origen”, recuerda la reclamación formulada por la Corporación, “en un informe emitido en julio que concluye que el aumento es a fin de realizar el servicio partiendo de datos teóricos que carecen de objetividad, dado que los mismos parten de momentos puntuales de elevado tráfico marítimo”.
Para la Corporación de Prácticos, lo que hizo el Puerto fue tomar unos ejercicios de “tendencia al alza” que, en realidad, vinieron seguidos por otros con “una tendencia a la baja que ya existía en el momento de adoptar el acuerdo de 28 de noviembre de 2013 y que se mantiene en la actualidad, observando que el tráfico total y en especial el de buques extranjeros, que requieren del servicio en sentido puro, marcan una tendencia decreciente que continúa”.
El tenor literal de la reclamación concluye que “el aumento de prácticos no tiene justificación alguna” y que su argumentación “no obedece a la situación de disminución de tráfico que se produce en la actualidad, sino a una hipótesis”.
De hecho, un informe elaborado por una consultora externa refleja que “el descenso se mantiene, siendo un 21% menor en el primer semestre de 2013 con relación al mismo periodo de 2012”.
La Corporación determina que “el incremento innecesario del número de prácticos ha producido unos perjuicios directos evaluables económicamente que no tenemos el deber jurídico de soportar” y que se cifran, desde agosto de este año, en 121.716,66 euros en concepto de gastos de pólizas, seguros y cuotas varias de 5.000 euros y, el resto, de “perdida anual de facturación”.
