La Ciudad Autónoma valora la propuesta que elevará la Comisión Ejecutiva del Servicio Público de Empleo Estatal (S.P.E.E.) al director general del ente público sobre la nueva baremación de los planes de empleo de ambas administraciones públicas -Ciudad y Delegación del Gobierno-.
Para el consejero de Economía y Empleo, Guillermo Martínez, los criterios aprobados en la Comisión Ejecutiva, en su reunión de la pasada semana, son positivos ya que “dan preferencia a cuestiones sociales como la carga familiar”.
Martínez recordó que la administración local aportó la propuesta de reservar un cupo del 50 por ciento del plan de empleo para jóvenes menores de 35 años. Este es uno de los puntos que se incluyen en el paquete de las 43 medidas que aprobó la Asamblea el pasado 25 de febrero para reactivar el empleo en la ciudad autónoma.
Los criterios, adelantados por este medio, darán prioridad a las personas con carga familiar al puntuarse con 0,6 puntos cada una de ellas. Otra baremación novedosa son los parados de larga duración (se incrementará 0,5 puntos por año completo) y antigüedad como parado (0,1 punto por mes de inscripción). El motivo por el que se aumenta al valor de la carga familiar es para que la ordenación del sondeo sitúe en mejor posición a quien tiene más hijos, ya que en los últimos años el S.P.E.E. ha realizado una ‘limpieza’ de fichero, consistente en dar trabajo a los parados de larga duración, lo que ha tenido como consecuencia que del total de parados queden sólo 268 demandantes entre 1992 y 2006.
Si la Dirección General del S.P.E.E. acepta la propuesta de la Comisión Ejecutiva, se valorará también con 0,5 puntos cualquier curso de Formación Ocupacional acreditado por el S.P.E.E. y realizados en los dos años anteriores a la convocatoria, así como dar un punto adicional a los demandantes de empleo entre 45 y 55 años.
Los colectivos en riesgo de exclusión social tendrán también prioridad en la selección. La reserva será la siguiente: discapacitados (7 por ciento), mujeres procedentes del colectivo de violencia de género (2 por ciento), internos en tercer grado (2 por ciento), perceptores del salario de inserción social, personas sin renta (5 por ciento), drogodependientes (2 por ciento) y renta activa de inserción (5 por ciento).
El 7 por ciento de discapacitados se distribuirá según el artículo 1.2 de la Ley 51/2003 (2 por ciento para discapacidad intelectual y 5 por ciento de otro tipo) y las plazas no cubiertas dentro del sondeo publicado pasarán al grupo general.
La propuesta incluye también que el colectivo de jóvenes, mujeres y hombres se preseleccionará en función del porcentaje que representen en la estadística del mes de la convocatoria y siempre dentro del sondeo publicado. El tanto por ciento “obligado” de jóvenes se buscará entre 18 y 35 años. El sondeo se hará por un 50 por ciento más de demandantes que plazas ofertadas por la entidad.
