El portavoz de Izquierda Plural en la comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto, preguntará al Gobierno si ha pensado retirar la legalización de las ‘devoluciones en caliente’ ante las críticas lanzadas por instituciones nacionales e internacionales.
Sixto se hace eco de las quejas expresadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, Acnur, la Abogacía Española y más de 120 ONG y colectivos que han presentado escritos para frenar la medida, que consideran contraria al derecho de asilo y al respeto a los Derechos Humanos.
El cambio en la Ley de Extranjería que pretende hacer el Gobierno para legalizar las ‘devoluciones en caliente’ se haría a través de una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que pasó por la Comisión de Interior el pasado 25 de noviembre y será sometido al visto bueno del Congreso previsiblemente el próximo jueves para su remisión al Senado.
La enmienda introduce una nueva figura, la del rechazo en frontera, aplicable en Ceuta y Melilla para amparar la la devolución inmediata a Marruecos de los inmigrantes interceptados en la valla sin que sea necesario realizar los expedientes administrativos que contempla la Ley de Extranjería.
En el debate en la comisión de Interior todos los grupos excepto el PP rechazaron la iniciativa por considerar que es contraria al ordenamiento jurídico nacional e internacioal y contraviene convenios y tratados suscritos por España.
Además de ONG y organismos internacionales, la Iglesia también ha mostrado su rechazo al cambio en la Ley. En un comunicado de prensa avalado por la Conferencia Episcopal, Cáritas, Justicia y Paz y la Conferencia Española de Religiosos, expresaban su rechazo ante la iniciativa porque a su juicio pretende legitimar las expulsiones sumarias en la frontera sur y criminaliza la pobreza y la movilización social.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondió a las críticas de la Iglesia y resaltó que nuestro país es un “estado aconfesional”, por lo que existe una clara separación entre la Iglesia y el Estado. Además, señaló que no iba a permitir que se diera la imagen de que el Gobierno español no respeta los Derechos Humanos de los inmigrantes.
Asimismo, aseguró que el cambio de la Ley de Extranjería respeta tanto la legislación internacional como la nacional y está milimétricamente redactada. Desde el Ejecutivo han defendido, además, que la inclusión de esta enmienda no significa que los rechazos en frontera que se venían practicando hasta ahora en la valla fueran ilegales.
