La Intervención de la Ciudad se ha pronunciado sobre la bocina en relación con la memoria técnica que este lunes ha valido a la Comisión de Estudio integrada también por representantes de todos los grupos políticos de la Asamblea para avanzar en la asunción por parte de la administración de la gestión directa del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos.
En su dictamen concluye que el ahorro de 310.000 euros al año estimado puede no ser, a sus ojos, exacto, pero que “si se cumplen las hipótesis económicas, financieras y de funcionamiento recogidas, el cambio de modelo no producirá efectos negativos en la estabilidad presupuestaria ni en la sostenibilidad financiera de la Ciudad”.
Tampoco afectará “a la Regla de Gasto ni al Ahorro Neto”, requisitos que previsiblemente volverán a entrar en vigor en 2024. El órgano fiscalizador ha propuesto, eso sí, algunos ajustes en los documentos elaborados que sus autores no comparten y que consideran “errores de concepto”.
Desde el punto de vista de la Intervención “el modelo adecuado sería suprimir en la opción directa los costes de alquiler-compra de nave industrial, de minorar considerablemente en la gestión directa los gastos de dirección, de suprimir en la indirecta los gastos generales, de incrementar el concepto de beneficio industrial y el de IPSI, por estar este último compensado con el ingreso del tributo”.
El análisis efectuado parte de que el coste total del servicio externalizado asciende actualmente a 27,3 millones y que una vez municipalizado ascendería a 24,3, pero la Intervención avisa de que “el importe de las certificaciones abonadas al adjudicatario durante los últimos doce meses ha sido de 23,9”, 1,5 más que el saldo del plan de servicios sin añadir gastos generales, beneficio industrial e IPSI.
“En el apartado de costes de personal la gestión directa es más cara por el impacto del gasto en Seguridad Social”, desgrana el órgano de fiscalización, que cree que también habría que tener en cuenta que “en la empresa privada se exigen 40 horas a la semana [sic] y en la pública solo 35”, lo que podría llevar a la nueva sociedad municipal que se constituya “a tener que contratar nuevo personal, además del cedido”.
También ponderar “el primer convenio colectivo que se acuerde, en el cual previsiblemente no deberían incluirse algunas cláusulas vigentes que pudieran estar en contradicción con la nueva normativa de aplicación”.
La Intervención tampoco ve correcto mantener “iguales” los costes directos, ya que la Ciudad aportará la base del servicio que Trace tiene alquilada en Benzú, o cifrar en 400.000 el coste de estructura de dirección cuando únicamente habría que contratar, en todo caso, a un gerente.
En sentido contrario, los conceptos de Costes Generales y Beneficio Industrial no se consideran costes para la gestión directa porque el primero no se detalla en las certificaciones emitidas y el segundo desaparecerá. La Intervención alerta, eso sí, de que la tajada que obtiene la concesionaria no es del 4,97%, como se ha calculado, sino del 6%.
