Néstor García advierte que es “difícil” sustanciar los expedientes y transformar en pruebas los indicios
El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Néstor García, cifró ayer en casi una veintena de casas de la promoción de 317 VPO de Loma Colmenar el número sobre el que la Administración tiene sospechas de fraude y animó desde el Pleno a cualquier ciudadano, sobre todo a los vecinos cercanos, a denunciar, incluso de forma anónima, cualquier indicio sobre la existencia de viviendas de protección oficial vacías o utilizadas por personas que no sean sus legítimas adjudicatarias.
Lo mismo pidió a los grupos de la oposición en general y al PSOE en particular, que le interpeló por la posible existencia de casas no ocupadas enfrente del Hospital Universitario.
García explicó que se han detectado “indicios claros” de que “suceden cosas” en esas VPO, aunque aseguró que Emvicesa solo tiene constancia “formal” de que estén vacías cuatro casas de propiedad pública en calle Solís, una en el Monte Hacho “y alguna más” que se prevén enajenar en breve.
Personal de Vivienda junto a la Policía Local, responsables de "sustanciar expedientes"
Según relató, es personal del Área de Vivienda, junto al Grupo Operativo Administrativo (GOA) de la Policía Local, el que se encarga de intentar “sustanciar los expedientes” y probar irregularidades en forma de VPO okupadas, vendidas, realquiladas o vacías, aunque asumió que conseguirlo “conlleva una enorme dificultad”.
“Cuando se hace una visita y no hay nadie puede ser porque esté de vacaciones, trabajando o alegar cualquier excusa pero yo mismo me he personado en algún procedimiento penal por usurpación”, ejemplificó sobre uno de los pocos casos a los que se ha podido responder con éxito.
“Es difícil conseguir las pruebas suficientes para llevar a cabo desahucios aplicando las cláusulas de todos los contratos para que puedan resolverse”, lamentó García, que pidió ayuda a cualquier conocedor de ilegalidades para combatirlas, algo que la Administración hace tanto con “batidas” en forma de visitas a las viviendas como “revisando los contratos de suministros básicos, la renovación de ayudas, etcétera”.
En todo caso, la investigación y la recopilación de pruebas ha de ser “lo más minuciosa posible” para evitar errores por “denuncias falsas” o simples rumores.
