Poder tomar decisiones es sentirse libre, con el control de la vida, de ese timón que marca nuestro rumbo. El día está cargado de decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Algunas de ellas no tienen relevancia pero otras pueden marcar nuestras vidas. Como diría el diseñador de videojuegos Ken Levine, “todos tomamos decisiones y al final estas decisiones nos definen”. El problema está cuando no todos podemos tomarlas.
A lo largo de los años, a personas con discapacidad intelectual se les negó, y se les sigue negando, el derecho a tomar decisiones tales como el lugar de residencia, tener hijos o no, trabajar o no, cómo gastar su dinero o sobre innumerables cuestiones de la vida cotidiana.
Inclusion international explica en su ‘Informe mundial sobre el derecho a decidir’ (2014) que “la denegación de estos derechos, a menudo, se oculta en discursos de protección e intereses superiores” pero que “bajo el prejuicio contra las personas con discapacidad intelectual hay mucho más que una actitud paternalista: hay una falta de reconocimiento de su condición humana y de persona”.
España debe abolir la sustitución en la adopción de decisiones. Es lo que le dice la Organización de Naciones Unidas al Estado en su último informe sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en España. El autor de este documento es el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que muestra su preocupación por que el Código Civil “contemple la privación de la capacidad jurídica de la persona por motivo de discapacidad, y que mantenga la sustitución en la adopción de decisiones”.
Este órgano realiza una recomendación, señalando el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que trata sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley. Concretamente, le insta a que “derogue todas las disposiciones jurídicas discriminatorias, al objeto de abolir completamente los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones”.
Además, el Estado debe reconocer “la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad” e implantar mecanismos para que tomen decisiones con apoyos “que respeten la dignidad, la autonomía, el deseo y las preferencias de las personas con discapacidad”.
La recomendación también tiene relación con el artículo 13 de la Convención, el de acceso a la justicia. En el informe, el Comité muestra su preocupación por “las barreras que impiden que las personas sometidas a regímenes de sustitución en la adopción de decisiones participen en los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones con las demás personas”. Habla incluso de “la falta de credibilidad que se otorga a los testimonios de las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual”.
Permitiendo a las personas con discapacidad intelectual tomar sus propias decisiones estaríamos avanzando en el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde cada persona pueda ser dueña de su propia vida. Y este cambio debe realizarse aportando a las personas los apoyos, en los casos en los que los necesiten, para poder decidir. Para disfrutar de su vida en igualdad de condiciones.
