El contrato que el Gobierno de Ceuta anunciaba para con la empresa de limpieza Trace a fin de implementar 1,4 millones de euros más en su presupuesto para mejorar la higiene de las calles ante las demandas de la pandemia provocaba esta mañana la reacción de otras formaciones de la Mesa de la Asamblea. Concretamente, del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), que pedía en rueda de prensa la paralización de dicho plan alegando que se trataba nada menos que de la "última cacicada" de la administración.
Tras las declaraciones de la portavoz del partido, Fatima Hamed, el Comité de Empresa de Trace se manifestaba al respecto lamentando las palabras de la política ceutí y ahora reaccionan a dichas declaraciones, del mismo modo, desde la propia Ciudad. Concretamente, ha sido la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública -de la que depende dicha competencia- la que ha emitido un comunicado oficial remitiendo una serie de consideraciones al respecto.
En dicha nota, las cartera que dirige Kissy Chandiramani afirmaba que para este plan se ha seguido "al detalle" y de manera "escrupulosa" el procedimiento para la reestructuración del servicio con el único objetivo "de atender las nuevas necesidades en materia de limpieza originadas por la pandemia de la COVID- 19" y prescindiendo de otras actuaciones "no necesarias" como las relativas a las distintas festividades que suponen concentración de personas.
La situación excepcional derivada de la pandemia fue otro de los alicientes que motivaron "ampliar el número de efectivos disponibles en cincuenta trabajadores a lo largo de todo el presente ejercicio", pues señalan que más del 90% de la cuantía destinada a reforzar este servicio de limpieza va a parar a sufragar los costes de personal, prosigue la nota.
Además, concluyen que ha sido un gabinete jurídico especializado en derecho administrativo el que les ha asesorado en esta ocasión y cuyo dictamen favorable -a cargo del jurista y catedrático en Derecho español, Tomás Ramón Fernández- motivó al Gobierno de Ceuta a "aplicar la cláusula número 36 del Pliego de Prescripciones Administrativas del contrato para la limpieza pública". "De acuerdo a dicha cláusula", sentencian desde la Ciudad, "es posible llevar a cabo la reestructuración del servicio siempre y cuando se respeten los precios unitarios y se mantenga el equilibrio financiero de la empresa".
Jurídicamente será posible, lo dice un catedrático, aunque sea retorciendo el sentido de la norma. Administrativamente, el expediente podrá ser correcto, aunque parece dudoso, se podrá corregir. Habrá otras formas de contratar. Pero es que falla lo esencial, el fundamento técnico de la solución adoptada. No hay ninguna evidencia que apunte que este tipo de medidas influya en la transmisión de la Covid-19. Ninguna necesidad, ninguna. Es decir, no sirve para nada, que es lo importante.
¿y ese encarguito de informe? ¿a quién se le ocurre? ¿al Unamuno? ¿quién lo paga?