Comisiones Obreras ha anunciado que no acudirá a la festividad de las prisiones, La Merced, siempre y cuando no haya una respuesta satisfactoria al conflicto laboral que asegura mantener: la central ha recordado que lleva 13 años sin poder negociar un acuerdo de mejora de las condiciones de una plantilla "envejecida" con una edad media de 52 años y "a la cabeza de Europa" en "sufrimiento de agresiones" (cerca de 500 físicas y 10.000 psicológicas al año).
Como cada año, el 24 de septiembre se conmemora la fiesta de La Merced, y en ese marco CCOO ha querido insistir en que "la precariedad laboral y el deterioro del servicio público penitenciario no pueden seguir financiando el funcionamiento del sistema público de prisiones".
“Llevamos 32 reformas del actual Código Penal, sin que exista ningún informe de gasto público de lo que supone la gestión penitenciaria. Estas reformas han generado un aumento de las cargas de trabajo y de la penosidad, que el personal penitenciario viene asumiendo con menos efectivos, con un déficit estructural de 3.400 plazas vacantes presupuestadas sin cubrir, y con un grave problema de envejecimiento —la edad media de la plantilla es de 52 años—, lo que implica una mayor pérdida de empleo que lleva al colapso de este servicio público”, critica el sindicato.
Para CCOO, en este contexto, el mandato constitucional de la reinserción se ha convertido en una mera declaración de intenciones y, como reconoce el defensor del Pueblo y manifiesta CCOO, resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de las personas internas y la propia salud de las trabajadoras y trabajadores.
“Llevamos 13 años sin posibilidad de negociar un acuerdo de mejora de las condiciones laborales, acorde al incremento de responsabilidades y cargas de trabajo”. El personal penitenciario ha sufrido una pérdida del poder adquisitivo del 14%, que además se ve agravada por la existencia de brechas salariales entre trabajadoras y trabajadores penitenciarios que, realizando las mismas funciones, cobran salarios distintos dentro de la propia Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior, en función el centro penitenciario donde desarrollen su trabajo.
