CCOO-Justicia lo tiene claro. Lo sucedido con la suspensión de los juicios previstos este lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta al no poder celebrarse la sala virtual solo tiene una lectura: “Es el resultado claro de la falta de gestión, planificación y colaboración entre órganos de la jurisdicción penal en la implantación y puesta en marcha del Sistema de Comunicaciones Seguras”, explica en un comunicado.
“El proyecto que el Ministerio de Justicia tenía para que los órganos judiciales de Ceuta mejoraran las comunicaciones entre los Juzgados y el centro penitenciario para promover el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y ofrecer más agilidad y eficacia a este servicio, parece ser que se ha esfumado hace tiempo y que ha caído en saco roto”, expone. Y las consecuencias son las más dramáticas son las que ya se han producido, la suspensión de juicios y la obligatoriedad de traer a los acusados para que puedan celebrarse las vistas con presencia física, estando como estamos en pleno estado de alarma.
“La interconexión entre los órganos penales y los centros penitenciarios, ahora mas que nunca en esta situación de crisis sanitaria, es fundamental y no hay voluntad ni por parte del Ministerio de Justicia ni del Ministerio del Interior a través de Instituciones Penitenciarias de consolidar esta herramienta informática, de gran utilidad, que garantizaría la seguridad de la información que contienen las comunicaciones y permitiría un ahorro de tiempo en los envíos y de los costes que acarrean, suponiendo al mismo tiempo un alivio de la carga de trabajo que soportan los juzgados”, explica el sindicato con representación en el sector judicial de nuestra ciudad.
Un convenio que suponía un paso decisivo
En los órganos judiciales de Ceuta, dependientes del TSJ de Andalucía, no se ha implantado este sistema. Por contra, recuerda el sindicato, en abril de 2014 se firmó el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial. Los Ministerios de Justicia y de Interior y la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía aprobaban el Protocolo general de funcionamiento del sistema de comunicaciones seguras entre los órganos judiciales y los centros penitenciarios. “Desde CCOO-Justicia siempre hemos reivindicado la inclusión en el Convenio de los órganos judiciales de nuestra ciudad, así como la de Melilla por pertenecer al TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla. Sin duda, tal y como recoge el expositivo de dicho convenio, sus contenidos y proyectos suponen un paso decisivo en la implantación de las tecnologías de comunicación y ofimática entre entidades que han de prestar en el marco de sus respectivas funciones, una recíproca colaboración dentro del delicado ámbito de la Administración de Justicia y, en particular, en el escenario penitenciario”, añade el sindicato.
“En el proceso de estudio e implantación de este protocolo se planificó una progresiva implantación, -sin tener en cuenta nunca los órganos judiciales de Ceuta- primero mediante la experiencia piloto desarrollada en Jaén, pasando luego a establecer como objeto y ámbito del convenio ‘el establecimiento del aplicativo en los órganos judiciales y centro penitenciarios y los Servicios de Gestión de Penas y Medias Alternativas sito en la Comunidad Autónoma de Andalucía’ (Estipulación Primera). Como igualmente se motiva en los términos conveniados, este sistema se encuentra amparado por una amplia normativa que persigue, en su finalidad última, avanzar en un proceso de modernización del Estado de Derecho y de su sistema judicial, promoviendo la rapidez, la seguridad, la economía y el avance en el expediente digital del interno en prisión”.
