El viceconsejero de Hacienda y Recursos Humanos, Manuel Carlos Blasco, defendió ayer en los micrófonos del programa ‘La Mañana’ de COPE Ceuta que la reubicación de trabajadores de la empresa pública Amgevicesa en labores de guarda de edificios municipales no choca con las tareas propias de un vigilante de seguridad privada.
Blasco aprecia un “error de concepto” en los sindicatos, que han arremetido contra un traspaso de trabajadores que consideran intrusismo laboral. “No pretendemos que los trabajadores de Amgevicesa usurpen las funciones de nadie”, añadió “y no son vigilantes de seguridad, porque este es un personal formado expresamente para esa tarea”.
Añadió que los trabajadores de esta empresa municipal, que por varias encomiendas de gestión han adquirido ya la responsabilidad de guarda y custodia de los centros de menores, mercados municipales y en breve lo harán de inmuebles dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer, harán la misma tarea que desempeña “un guarda de obra” y que “en ningún momento” tendrán competencia para ejercer autoridad “y si hubiera cualquier tipo de situación que se salda de lo normal o si presenciaran la comisión de una falta o delito llamarán a los Cuerpos de Seguridad”.
No ha sido precipitado
Por otra parte, el viceconsejero, entre cuyas competencias se encuentra el cuidado del patrimonio municipal, negó en COPE Ceuta que esta reubicación se hubiera realizado de manera precipitada y recordó que las nuevas funciones encomendadas a su
Reasignación condicionada por la crisis económicapersonal “están dentro de su objetivo social”
La difícil situación económica que atraviesa el país, y de la cual Ceuta no es una excepción, aparece como el principal motivo que hay tras esta reubicación de parte de la plantilla de Amgevicesa. “Se está racionalizando el gasto a causa de la coyuntura económica”, añadió el viceconsejero de Hacienda, que entiende que se trata del común denominador de todas las administraciones, “ya que hay que reutilizar el personal propio, reasignar funciones y racionalizar el gasto”.
Los sindicatos, sin embargo, no piensan lo mismo. Tanto USO como Comisiones Obreras han advertido de que si se continúa por esta senda pueden ser una treintena los despidos que se produzcan en el sector de la seguridad privada en un plazo breve de tiempo. Las centrales estiman que, al traspasarse trabajadores municipales a la guarda de edificios públicos se está propiciando la desaparición de contratos con las empresas que actualmente ejercen esta función.
