La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha vuelto a dirigirse al Ministerio de Defensa tras las recientes declaraciones de la ministra Margarita Robles en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados, donde abordó los problemas surgidos durante la emergencia provocada por la DANA en la provincia de Valencia. Una zona en la que trabajaron muchas unidades, entre ellos los Regulares de Ceuta.
Robles destacó que, en los primeros momentos de la intervención, varios militares fueron "intoxicados" debido a la falta de protocolos de seguridad específicos en ese momento, lo que obligó a algunos de ellos a ser hospitalizados.
La ministra subrayó que dichos protocolos de seguridad fueron adoptados solo después de que la dirección de la emergencia estableciera las primeras líneas de actuación.
La asociación pregunta cuántos militares estuvieron heridos o intoxicados
Ante esta situación, ATME ha solicitado al Ministerio de Defensa información detallada sobre varios aspectos. La asociación exige conocer el número exacto de militares intoxicados y heridos, cuántos fueron hospitalizados, y qué protocolos de seguridad se implementaron hasta que se dieron las primeras directrices de actuación.
Además, reclama aclaraciones sobre si los militares que intervinieron en la emergencia contaron desde un principio con los equipos de protección individual (EPIs) necesarios.
Cabe recordar que ATME ya había solicitado información al Ministerio de Defensa el pasado 15 de noviembre sobre las condiciones de vida y trabajo del personal militar desplegado en Valencia. Sin embargo, la respuesta que recibió fue que el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas no tenía competencias para abordar esta cuestión.
La Asociación de Tropa y Marinería subraya la importancia de obtener esta información, ya que considera que el despliegue en territorio español afecta directamente a los intereses de sus asociados y a las condiciones laborales de los militares en general.
ATME critica la interpretación de la normativa
En este sentido, ATME aclara que su solicitud no está vinculada a decisiones de política de seguridad o defensa, ni al planeamiento y desarrollo de las operaciones militares, aspectos que están regulados por la Ley Orgánica de derechos y deberes del personal de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, ATME critica la interpretación de la normativa que impide el acceso a la información sobre las condiciones de trabajo de los militares en el ámbito nacional, señalando que esta postura representa una malinterpretación interesada de la ley. La asociación mantiene su posición de "urgencia" en la necesidad de actualizar dicha normativa para garantizar la transparencia y el bienestar de los militares en todo momento.
