Los altos precios de los alquileres de la vivienda en Ceuta

Un techo bajo el que dormir. Un bien básico que cada vez más se encarece. Los precios de los alquileres tienden al alza. La situación para muchas personas se torna insostenible y los ingresos destinados a la vivienda aumentan. Ceuta no es una excepción dentro de este paradigma.

A diferencia del año pasado, los anuncios que se encuentran fácilmente en portales web reflejan un mayor coste, sobre todo en aquellas opciones destinadas a un solo inquilino, una pareja o una familia.

Alcanzan cifras de 1.000 euros o más. Durante el periodo 2024 eran más ocasionales esta clase de publicaciones. Este mes de abril incluso se encuentran ofertas que fijan un pago mensual entre los 1.400 y los 1.600 euros por el arrendamiento de un inmueble para vivir. El mínimo ronda los 700.

Dificultades

Cada particular o inmobiliaria establece las condiciones. Entrar a un domicilio puede suponer un importe considerable que, normalmente, aumenta cuando una agencia intermedia entre los propietarios y los interesados.

A ello sumar en qué estado se ponen a disposición del usuario. En junio de 2024, El Faro recogió testimonios de trabajadores acerca de su búsqueda de un domicilio. Aseguraron que la calidad deja mucho que desear. Toparse con un espacio reformado y bien amueblado parece poco común.

Las circunstancias actuales merman la economía de muchos hogares o la emancipación de jóvenes. La creciente subida del gasto en vivienda ha derivado en las primeras manifestaciones para pedir alguna medida que la frene.

La ciudad no se sumó a las celebradas este sábado, que fueron apoyadas por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Un amplio listado de municipios participó en las protestas como, por ejemplo, Logroño, Barcelona, Menorca o Cuenca.

Caso de Ceuta

Los altos costes del alquiler en Ceuta no son una novedad. Así lo estima Ángel Lara, secretario de organización de CCOO a nivel local, al que este periódico le ha preguntado sobre la cuestión tras las concentraciones ciudadanas.

“Estos siempre han sido elevados por determinados factores. El primero, el escaso suelo urbanizable. Los terrenos en su mayoría pertenecen al Ministerio de Defensa”, comenta. El otro condicionante es, desde su perspectiva, “las pocas promociones de vivienda pública”.

Sin embargo, en estos años ha habido dos avances relevantes. En concreto, la desafección de 19 kilómetros cuadrados por parte de la cartera ministerial y la puesta en marcha de un plan para fomentar inmuebles sociales y tasas más asequibles.

Ambos hechos prometen, al menos, aliviar en cierto modo la situación. Lara considera que también se deben tener en cuenta las novedades incorporadas a la Ley 12/2023 del 24 de mayo. “Las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de urbanismo, pueden declarar con esta norma una zona tensionada para abordar soluciones, como el tope de precios dependiendo del caso”.

Esta cláusula posibilita al mismo tiempo establecer otras vías para tratar de regular las rentas que se pagan por alquilar una vivienda. “Son las regiones las que tienen la última palabra para decidir si se declaran como tales o no”, detalla. Solo Cataluña, País Vasco y Navarra han adoptado esta decisión.

Medidas

Lara estima que a nivel local existen dos bazas para revertir el escenario del presente. Consisten en la inversión en parque inmobiliario público y en la liberación de terrenos para erigir edificios residenciales.

“Es urgente en nuestra ciudad”, señala. “Los sueldos dignos también se requieren. La mitad de la población activa trabaja en el sector privado”, explica. “A esto hay que unir la falta de negociación de convenios colectivos, que, en algunos casos, llevan años sin subidas salariales”.

Habría que sumar a este aspecto “un aumento desmesurado del IPC” que, conjugado con los elementos anteriormente citados, “hace que en Ceuta muchas personas tengan dificultades económicas para llegar a fin de mes”, relata. “El gasto en rentas del alquiler asfixia a los núcleos familiares”, incide.

Tope en el precio, ¿una opción efectiva?

El secretario de organización de CCOO en Ceuta sí cree que sería efectivo marcar un máximo a exigir a los ciudadanos interesados en acceder a un inmueble. “Puede serlo para reducir los importes”, especifica. Eso sí, siempre y cuando “se introduzcan enmiendas para garantizar que funcione y que no se distorsione el mercado”, asevera.

“Una consecuencia no deseada podría ser la posible derivación de la oferta de alquiler permanente al de temporada, a los conocidos como pisos turísticos”, relata. Se basa en informes que se han escrito sobre el tema.

“Diferentes estudios que se han realizado recientemente sobre la cifra de viviendas en alquiler apuntan un incremento sustancial de dueños que tratan de eludir la regulación”, destaca.

La respuesta para evitar un impacto que sea contraproducente son la introducción de estos apartados o excepciones “para la obra nueva o establecer límites flexibles a aquellos precios que tengan en cuenta las dinámicas concretas de los distintos barrios en zonas tensionadas”, subraya.

Otros caminos y reclamaciones

Otras opciones serían “poner reglas a la especulación que ejecutan los fondos de inversiones, la eliminación de los apartamentos vacacionales en estas áreas mencionadas o la creación de un parque de vivienda pública con costes más asequibles” para los ciudadanos.

“El Gobierno de España tendría que generar un espacio inmobiliario social. Se tardarían al menos cinco años en ver los efectos. Debería también entrar en conflicto con los grandes tenedores, que son los que presionan”, indica.

“Es preciso reivindicar al Estado que actúe ante un problema grave que afecta a miles de familias con nóminas bajas. El gasto de luz y agua ya ronda el 50% de sus ingresos. Esto lleva a que cientos de personas, entre ellos muchos jóvenes, vivan con dificultades y de forma precaria”, concluye.