Los listados de adjudicatarios de las ayudas al alquiler de viviendas se conocerán este mes

Parece ser que a lo largo de este mes de julio se publicarán las lisas definitivas de las ayudas al alquiler de viviendas, tanto en el plan general como las destinadas a jóvenes menores de 35 años.

Según ha podido conocer esta redacción, desde el área de Vivienda de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se están ultimado todos los detalles que permitan que antes de los festejos patronales ya se conozcan las resoluciones definitivas de estos dos programas que se pusieron en marcha en el mes de octubre del año pasado.

Fuentes de la Ciudad Autónoma han reconocido a esta redacción que han sido muchos expedientes, más de seiscientos, los que se han tenido que revisar y cumplimentar a lo largo de estos últimos meses y que ya se encuentran en el punto final de todo el procedimiento.

Hay que recordar que cuando se abrió el plazo el año pasado en el mes de octubre, una vez abierto, se llegó a suspender para volver a reabrirlo, de manera que pudieran solicitar las ayudas las familias que pagaran hasta 900 euros mensuales y nos los 600 establecidos por la legislación. Era una salvedad específica que se hacía por las propias circunstancias que se dan en nuestra ciudad.

La Consejería de Fomento recibió 243 solicitudes a la convocatoria específica para jóvenes del programa de ayudas al alquiler, publicando en el Boletín de la Ciudad del viernes ocho de febrero  la lista provisional con los 85 solicitantes que fueron excluidos y abrió un plazo de alegaciones y resolución de errores.

Crédito presupuestario

El crédito presupuestario para este programa asciende a 155.000 euros, -55.000 euros aportados por la Ciudad-, y la concesión de estas ayudas se tramitan en régimen de concurrencia competitiva, una vez baremadas todas las solicitudes admitidas. Las ayudas se otorgan en función del nivel de ingresos económicos y están incluidas en el convenio firmado entre la Ciudad y el Ministerio de Fomento para contribuir a la emancipación de los jóvenes y facilitar el acceso a una vivienda en alquiler a colectivos con menos recursos económicos. Los adjudicatarios recibirán mensualmente una ayuda que, con carácter general, será de hasta el 50 % del precio del alquiler por un plazo máximo de tres años.

Los beneficiarios deben cumplir, entre otros requisitos, poseer la nacionalidad española o residencia legal en España y menos de 35 años, en el momento de solicitar la ayuda -en el caso de las ayudas específicas para jóvenes-; ser titular de un contrato de arrendamiento de una vivienda que constituya la residencia habitual y permanente del beneficiario y que los ingresos sean iguales o inferiores a tres veces el IPREM. La vivienda debe tener una renta igual o inferior a  900 euros mensuales.

Por otra parte, el listado con las ayudas incluidas en el programa genérico se publicaron a lo largo de febrero, una vez que el área de Vivienda concluyó el examen de la documentación de cada expediente. Para este programa hay un crédito de 300.000 euros, por lo que en total la Ciudad gestionará  455.000 euros para las ayudas al alquiler.

Es de resaltar, igualmente que la orden de pago de la subvención a la Ciudad Autónoma por parte del Ministerio se hizo efectiva el día 22 de noviembre de 2018, para el ejercicio 2018 y en virtud del convenio de colaboración suscrito entre las dos Administraciones para la ejecución del Plan Estatal Vivienda 2018-2020.

Para 2019 la cantidad para el programa de jóvenes es de 158.000 euros y de 306.000 euros para el genérico, y el 70 % debe ser transferido por la Administración General del Estado.

Los listados provisionales con los adjudicatarios de estas ayudas se publicaron, en el caso de los jóvenes menores de 35 años a mediados del mes de mayo, mientras que los del plan general se cumplimentaron el siete de junio.

Son bastantes los adjudicatarios de estas ayudas que se han puesto en contacto con esta redacción ante lo que consideran un retraso injustificado a la hora de proceder al reparto de las ayudas.

Manifiestan que nos encontramos a mediados del mes de julio, cuando el programa ya ha cumplido la mitad de su vigencia y todavía la Ciudad Autónoma de Ceuta aún no ha finalizado todo el procedimiento y ni siquiera ha entregado todavía un euro a nadie.

De todas maneras, aunque a lo largo del mes de julio se resuelvan los procedimientos con la publicación de los listados, nadie espera poder cobrar la subvenciones antes del mes de septiembre u octubre como muy pronto.

Una normativa bastante estricta

Las ayudas al alquiler deberán destinarse “obligatoriamente” al pago de la renta de la vivienda habitual y su percepción no se podrá compatibilizar con la Renta Básica de Emancipación “ni con ninguna otra ayuda para el pago del alquiler del Plan de Vivienda 2018-2020”. Para valorar las solicitudes se dividen los ingresos de la unidad de convivencia por la cuantía del límite máximo establecido, ordenándose las peticiones “de mayor a menor resultado”. En caso de empate tendrán prioridad las familias numerosas y monoparentales con cargas o quienes hayan sufrido una ejecución hipotecaria.

En el caso de las ayudas al alquiler específicamente dirigidas a jóvenes, su importe será, “con carácter general”, de hasta el 50% del precio del alquiler mensual sin tener en cuenta tampoco “cualesquiera otras cantidades que se abonen distintas de la renta”.

Los beneficiarios debían cumplir, además del resto de requisitos generales, el “tener menos de 35 años en el momento de solicitar la ayuda”.

Las viviendas objeto del contrato tenían que contar “con condiciones de habitabilidad conforme a la normativa aplicable”, extremo que deberá certificarse aportando la correspondiente cédula.

Entre las prohibiciones genéricas para ser beneficiario de estas ayudas estaba el haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento o estar sujeto a intervención judicial, así como haber dado lugar por cualquier causa y de manera culpable a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

También era imprescindible estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto con el Estado como con la Ciudad Autónoma.