Tres meses. Ese es el tiempo que llevan sin cobrar los abogados del turno de oficio en Ceuta. Son los correspondientes a diciembre, enero y febrero más lo que se lleva de marzo. Lo peor es que esos retrasos se han convertido en norma ya que se vienen repitiendo prácticamente todos los años repercutiendo en los bolsillos de los letrados de Colegios de la Abogacía que dependen del Ministerio de Justicia.
Los servicios sí que se prestan, garantizando de esta manera la asistencia a los detenidos, pero esta cadena se rompe siempre por el mismo extremo afectando a los más débiles como son los profesionales del derecho. A nivel nacional son más de 20.000 los letrados afectados y en el caso de Ceuta, todo el turno de oficio. De momento el Colegio de Abogados espera la facturación de sus servicios antes de adoptar cualquier postura más radical que en estos momentos ni siquiera ha sido abordada como sí en años anteriores.
Esa falta de respeto repercute directamente en las nóminas
Los retrasos en los que incurre la administración suponen una clara desatención hacia los profesionales de la justicia. Tanto es así que esa falta de respeto repercute directamente en las nóminas de quienes ejercen la defensa de aquellos detenidos que tienen derecho a una asistencia jurídica, garantizando así los derechos pero sin que la administración cumpla con sus deberes hacia los letrados.
Año tras año el Ministerio incurre en esta misma desatención aunque se espera que en las próximas fechas se subsane este déficit económico y los abogados puedan recibir los honorarios por los servicios que hayan prestado hasta la fecha.
Las facturaciones del turno de oficio son trimestrales y de las mismas se tienen que hacer cargo los servicios de orientación jurídica que son costeados por el Estado. Es ahí donde se produce la quiebra de esta cadena que siempre se rompe por el lado más débil.
