La Ciudad Autónoma ha acordado ampliar hasta justo antes de Navidad el plazo concedido a la consultora a la que adjudicó en febrero el trabajo de definir las características de la Zona de Bajas Emisiones de Ceuta.
Su implementación se prevé que sea “un hito en la concepción de la ciudad y en especial de su núcleo urbano más histórico”, ya que presumiblemente limitará el acceso al área ubicada entre Puertas del Campo y San Amaro a los vehículos más contaminantes.
La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a adoptar Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que incluyan, entre otros aspectos, Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) “antes de 2023”, aunque posteriormente se flexibilizó (el Real Decreto que las regula no se publicó en el BOE, de hecho, hasta el 28 de diciembre de 2022).
En el mejor de los casos la administración local tendrá el dictamen externalizado con un año de retraso, aunque no se trata de la única gran ciudad española que no ha llegado con tiempo a esta cita con la sostenibilidad y el futuro.
El PMUS plantea alternativas al escenario de movilidad y transporte que hasta ahora ha mandado en Ceuta muy interesantes y ambiciosas, pero de momento bien poco se ha hecho por adelantar los cambios que se avecinan (que deberían intuirse al menos, si es que se van a introducir) y por cambiar el patrón de conducta habitual de una ciudadanía acostumbrada en general a recurrir al vehículo particular casi siempre y para prácticamente todo.
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