Una de las ideas que van a debatir en profundidad los gobiernos de las dos ciudades autónomas cuando ambos se reunan a primeros de noviembre en Melilla va a ser precisamente que la política de vivienda en ambos territorios sea controlada directamente por ambas administraciones en vez de como ha sucedido en los últimos ocho años donde Madrid a través de Sepes ha llevado el peso de las construcciones de las VPO que contaban con financiación estatal. Se entiende que la fórmula que existía con anterioridad a través de convenios donde Madrid era la que ponía el dinero y luego las empresas municipales realizaban todo el resto de las actuaciones era mucho más eficaz a la hora de atajar uno de los problemas crónicos de ambas ciudades.
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