Más de un año después de la adjudicación de las obras de construcción de 90 nuevas viviendas sociales en Loma Colmenar, la Administración General del Estado debe hacer todo lo posible por acelerar el desenlace del conflicto surgido con la concesionaria para poder iniciar un proyecto concebido para responder parcialmente a una urgente demanda social como es la de vivienda en Ceuta.
No se trata de una apreciación subjetiva, tanto por escasez como por antigüedad. Según el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, tanto el número de viviendas disponibles por cada 1.000 habitantes (muy inferior a las cifras medias alcanzadas en el conjunto de España) como el hecho de que la mayoría de las existentes hayan sido construidas antes del año 2000 (un 40% tiene más de 40 años).
Ese panorama debe empujar a las administraciones a ofrecer soluciones cuanto antes por mucho que a diez años vista se plantee la liberación de tres grandes acuartelamientos con ese objetivo.
El esfuerzo realizado por el ministerio para dedicar algo más de 10 millones de euros a esa intervención en Loma Colmenar no puede verse bloqueado sine die por un problema con el proyecto o la subida de precios, y la administración tiene que encontrar fórmulas para evitar que los concursos se entrampen con la aparición de bajas que a corto, medio o largo plazo hagan que lo barato salga muy caro.
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