La asociación ecologista proyecta presentar alegaciones a la iniciativa básandose en la poca efectividad del proyecto y el impacto sobre el arroyo de Benítez. Las alegaciones que presentará el grupo ecologista Septem Nostra a la segunda fase de exposición del proyecto de la nueva carretera que enlazará la Estación Marítima con la frontera del Tarajal presentan una idea principal con un rechazo de raíz: “Sinceramente, consideramos que no está justificada la construcción de este nuevo vial. No creemos que vaya a solucionar el problema del tráfico en Ceuta”. La alegación suscrita por el presidente de la asociación, josé Manuel Pérez Rivera, se apoya en el autor Colin Buchanan (autor de El tráfico en las ciudades) para afirmar todo lo contrario: “Las nuevas infraestructuras generan más tráfico del que son capaces de absorber. Ceuta, debido a su alta densidad de población y abultado parque automovilístico, ha sobrepasado su capacidad para absorber tráfico motorizado, por causa de su estructura urbana, su carácter y su edificación”. Argumentada “la falta de eficacia del proyecto”, la objeción de su impacto medioambiental “innegable” se centra en la ocupación de “uno de los más importantes cauces naturales de agua y una de las más amplias zonas verdes de la ciudad”. Septem Nostra alega que el arroyo de Benítez está clasificado como zona verde en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una condición que se mantiene en la propuesta de avance del nuevo plan general: “Resulta difícil compatibilizar su consideración como zona verde y el trazado de un gran vial que ocupa buena parte del arroyo”. Además la asociación ecologista se apoya en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, para defender que “como cauce natural discontinuo lo hace constitutivo del dominio público hidráulico”. El concepto de dominio público hace que el arroyo de Benítez esté bajo el paraguas de una serie de medidas de protección que están contenidas en el título V de la ley 1/2001 y las incluidas en Real Decreto 849/1986, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Por ello, la asociación defiende la liberación de las edificaciones que ocupan el dominio público del arroyo antes de realizar el estudio de impacto del proyecto: “Debemos llamar la atención de la necesidad de proceder al deslinde del dominio público hidráulico del arroyo de Benítez antes de considerar la viabilidad ambiental del denominado enlace puerto-frontera”.