La primera de las familias de González de la Vega ha recibido la notificación del juzgado por la demanda de desahucio interpuesta por la Consejería de Fomento.
A partir de ahora, este vecino tiene un plazo de diez días para personarse junto a sus hijos en sede judicial y paralizar así el proceso. En el caso de que no lo hiciese, el procedimiento seguiría adelante y en un mes se producirá el desalojo judicial con la intervención de la Policía Nacional.
Los vecinos, que han puesto su problema en manos de abogados, han explicado que el primero de los vecinos afectados ya ha trasladado la documentación a su representante legal para proceder a la paralización del procedimiento. La incógnita ahora es si habrá juicio oral.
Las cinco familias restantes están pendientes de notificación ya que, como anunció Néstor García a principios de agosto, la Ciudad ha optado por acudir a la vía judicial una vez agotados los preavisos para que todos abandonen las viviendas.
Los vecinos se niegan a desalojar las casas de González de la Vega hasta que el Gobierno les ofrezca las viviendas que, aseguran, les prometieron.
Los inquilinos se reunieron con la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, quien se comprometió a mediar en este conflicto con la Ciudad Autónoma, como explicaron ellos mismos en agosto.
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