Los policías locales y nacionales que intervinieron en el desalojo de los okupas de la promoción de Huerta Téllez prestaron ayer declaración en el juzgado de instrucción número 3, como parte del procedimiento seguido tras la ocupación masiva del inmueble.
El caso sigue judicializado habiéndose presentado ya varios recursos por parte de algunas defensas que piden el archivo del procedimiento así como de alguna acusación.
Las diligencias abiertas en 2017 siguen su curso a falta de un dictamen pericial de tasación de los daños causados por las personas que ocuparon el inmueble. Se investiga a un mínimo de 65 personas por un presunto delito de usurpación, por el que el Código Penal prevé penas de prisión de uno a dos años por ocupar un inmueble con “violencia o intimidación”.
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