La Asociación de Consumidores y Usuarios Halal de Ceuta, ACOHACE, ha pedido a la Ciudad un mayor control sobre la “opacidad fiscal y financiera” de los colegios de árabe y religión islámica.
En un comunicado recuerdan que como asociación se remitió el 7 de noviembre un escrito a la consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco, solicitando una revisión de los procedimientos que llevan a la concesión de fondos públicos a todas aquellas organizaciones “que van por libre dedicadas a impartir clases de árabe y religión islámica”, exponen en una nota.
No hubo respuesta a tal comunicación por escrito girada por esta entidad.
ACOHACE denuncia que los fondos públicos asignados a estas asociaciones “no tienen repercusión favorable en forma de descuentos en las cuotas que estas entidades cobran a las familias por los servicios educativos y de formación religiosa que ofrecen”.
“Entendemos que los fondos recibidos han de tener como objetivo primordial mejorar las condiciones económicas de acceso de los menores a satisfacer sus necesidades educativas y religiosas, por lo que su asignación y concesión deben estar sujetas expresamente a la obligación de que las entidades receptoras de las mismas trasladen parte de ese beneficio a las familias, de modo que exista correlación estable y transparente entre la concesión de dinero público y la repercusión económica en los precios de las clases de estos menores”, indicó la entidad.
La Asociación pide que entre los requisitos de concesión de estas subvenciones se establezca la obligatoriedad de una reducción del 60% en las cuotas que pagan las familias por las clases de árabe y religión islámica que imparten las asociaciones que perciban subvención destinada a estos efectos.
De igual manera pide que se obliguen como sujetos fiscales, tanto en lo que se refiere a los deberes inherentes a tal condición como a otros de carácter laboral, así como a la emisión de los oportunos recibos consignando en los mismos los impuestos inherentes al servicio prestado.
Se solicita el despliegue de actuaciones de control y seguimiento con el fin de garantizar que el dinero público se destine al fin fijado “y no a actividades lucrativas sin perfil social ni fiscal”.
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