El debate abierto por el presidente de la Ciudad de Melilla, Juan José Imbroda, en cuanto a negar la nacionalidad a los españoles nacidos en las dos ciudades hermanas ha tenido también su reacción en el seno del Gobierno de Ceuta. Se ha pedido que se apliquen excepcionalidades para que detrás de los nacimientos de marroquíes en las dos ciudades hermanas no haya un interés masivo en obtención de más derechos.
Su portavoz, Jacob Hachuel, ha expuesto que este tipo de situaciones “pone en evidencia que el hecho fronterizo, tanto de la ciudad de Ceuta como de Melilla, trasciende lo que está a nivel de calle, como es el hecho transfronterizo, las empleadas de hogar… Tenemos un Código Civil de obligado cumplimiento, no nos apetece que haya una excepción en él para las ciudades de Ceuta y Melilla”, ha razonado, mostrando una opinión bien distinta a la asentada en Melilla que, de hecho, va a ser trasladada al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.
Pero es una negativa con matices. Hachuel reconoce que Ceuta sí está de acuerdo en que, tal como está ese Código Civil” en relación a los derechos para la obtención de la nacionalidad, “habría que estudiarlo, meditarlo y reflexionarlo porque hay una realidad: la diferencia de nivel sociocultural y de asistencia sanitara provoca que las poblaciones limítrofes soliciten asistencia sanitaria sobre todo para dar a luz a este lado de la frontera. Esto lleva a una repercusión a nivel legislativo que, creemos, debe ser reflexionada para impedir que esa solidaridad sanitaria pueda convertirse después en un hecho que no fue deseado cuando se legisló en torno al derecho a la nacionalidad”, ha zanjado.
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