José Antonio Carbonell, vicepresidente de la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada, aplaudió ayer que la Delegación del Gobierno haga que los empresarios del Tarajal contraten vigilancia y se jactó de que su entidad denunció este déficit ante la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional. “Por fin abren los ojos”, apostilló.
Sin embargo, precisó el portavoz de la organización, su despliegue debe de cumplir una serie de requisitos dado el trabajo “complicado y duro” que se desempeña en los polígonos. Carbonell solicitó para sus compañeros “más protección” que se traduce en “protección jurídica en caso de que tengan cualquier problema” y en el apartado de “prevención de riesgos laborales”.
La dotación con la que están equipados estos efectivos, “solo grilletes y defensa”, es “insuficiente”, a juicio de Carbonell, quien apostó por “formación ante este tipo de aglomeraciones, chalecos antiapuñalamiento, defensas extensibles, spray y táser”. Una autorización para incorporar estos elementos que la empresa de seguridad tendría que solicitar a la Delegación del Gobierno y, esta a su vez, al Ministerio del Interior.
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