Casi cinco meses después de su encuentro del 4 de abril con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, para encauzar su futuro laboral, el Comité de Empresa de las Brigadas Verdes mostró ayer su “inquietud” por el paso del tiempo “sin novedad alguna” a la espera de que se concrete “en qué condiciones laborales y salariales” se prevé materializar su paso de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), que las ha gestionado hasta ahora con una dotación de 3,5 millones de euros al año, a Tragsa.
Desde aquel encuentro el Pleno ha aprobado dedicar 750.000 euros a esa integración en el primer expediente de modificación del Presupuesto de la Ciudad para 2022, pero “no ha habido más avances”, según han lamentado desde el Comité, que han alertado de la “inquietud” y la “incertidumbre” que cunde entre los trabajadores.
La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, explicó este domingo en una entrevista con El Faro de Ceuta que la intención sigue siendo consumarla “cuanto antes”, aunque para ello hará falta cambiar el Convenio Colectivo actual, asunto sobre el que los representantes de los trabajadores no han conocido todavía “ninguna novedad”.
La plantilla de trabajadores y trabajadoras de las Brigadas Verdes rechazó en asamblea en febrero de 2020 por amplia mayoría (94 votos en contra y 11 a favor) mantener sueldos y antigüedad en Tragsa y optó por quedarse con la Federación Provincial de Vecinos (FPAV), que año tras año ha tenido mil y una dificultades para justificar el dinero recibido adecuadamente ante la Intervención, que en múltiples ocasiones ha puesto reparos a sus pagos, tal y como ya es conocido.
Con entre 130 y 150 trabajadores, un 10% administrativos para sorpresa de propios y extraños, la idea ahora pasa, como entonces, por aplicar el Convenio Colectivo estatal de Jardinería a jornada laboral de promedio en cómputo anual de 37,5 horas semanales y unos sueldos “idénticos”.
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