La justicia está recibiendo este año un mayor número de denuncias que tienen que ver con la ocupación ilegal de viviendas. El famoso movimiento okupa se ha convertido en un problema de primer orden en el que los dueños legítimos de los inmuebles ven cómo sus derechos no son respetados. De la noche a la mañana, una ausencia de varios días del hogar puede dar lugar a una ocupación en toda regla y hoy por hoy hay propietarios que tienen que pagar una pensión porque su vivienda está ocupada. Ya hace meses ‘El Faro’ abordó esta problemática en un extenso reportaje y lo que hoy hacemos es dar datos, ofrecer números de los casos que están llegando al juzgado y que están provocando que, judicialmente, ya se haya detectado un incremento porcentual de esta nueva situación. La crisis, las tramas organizadas que se mueven detrás de estos alquileres y la indefensión de los dueños de las viviendas se dan la mano en torno a una situación que resulta problemática, creciente y para la que urge la adopción de medidas y sobre todo de soluciones. Los derechos de los ciudadanos no pueden verse sometidos y pisoteados por movimientos de este tipo.
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