González tiene compatibilidad del Congreso

En un pleno celebrado el pasado mes de febrero se le concedió permiso para ser consejero de la naviera como independiente y no ha tenido ningún contacto con la Administración en este sentido.

El diputado ceutí, Francisco Antonio González Pérez, está autorizado por un pleno del Congreso, celebrado en el mes de febrero de este año, para ser consejero independiente de la empresa naviera Stamp, al igual que para la realización de otras actividades privadas, según ha podido conocer esta redacción. Aunque no será efectivo el nombramiento hasta que el Consejo de Administración de Stamp así lo realice.
En ningún momento, “soy accionista de la citada naviera y mi misión en la misma será la de colaborar en la estrategia de desarrollo y captación de clientes en nuestra ciudad para que sus mercancías sean trasladadas por la nueva naviera”, refleja el parlamentario.

LOREG
Tal y como marca la LOREG en uno de sus artículos, las incompatibilidades por parte de los diputados o senadores  se establecen a la hora que no puedan realizar ningún contrato ni gestión alguna ante las administraciones.
Por esta razón, el diputado Francisco Antonio González Pérez, en su calidad de consejero independiente de la empresa Stamp no ha tenido ningún vínculo con la Administración autonómica a la hora de la concesión del servicio de transporte de basura a la Península.
Al citado concurso se presentaron un total de cuatro empresas y la elegida por parte de la mesa de contratación de la Ciudad Autónoma es la que ha contratado el servicio de Stamp para el transporte de los residuos.
Es decir son dos empresas privadas absolutamente que han establecido un acuerdo entre las mismas.
Una porque necesitaba un servicio y la segunda porque se lo presta.
Es más, en la misma página del Congreso de los Diputados figura, para todas las personas que lo deseen comprobar, cuales son las compatibilidades solicitadas por el parlamentario ceutí y autorizadas por el pleno de la Cámara Baja. Según ha podido conocer esta redacción, la empresa adjudicataria del servicio ofertó trescientos mil euros menos al año para la prestación, lo que le supondrá a la Ciudad  un total de un millón ochocientos mil euros.