El Gobierno insiste en “lo involuntario” del error que ha llevado a que el proceso de oposiciones a Policía Local haya terminado marcado por la polémica, después de que uno de los aspirantes que figuró en la lista definitiva perdiera su puesto en detrimento de otra persona al ser estimadas sus alegaciones.
Tras conocerse la presentación de un recurso de alzada ante Recursos Humanos por parte del perjudicado, tal y como ha adelantado El Faro, la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, ha dejado claro que aquí “no ha habido algo más que un error”, puntualizando que el perjudicado “nunca ha tenido su plaza” de Policía a pesar de que figuró en la lista definitiva.
Esa relación definitiva de aspirantes a las 15 plazas le fue remitida por el tribunal a Chandiramani, responsable de firmar un decreto que no llegó a rubricarse porque “corregimos antes” al haberse presentado alegaciones por parte de la aspirante número 16.
En cuanto a que se haya querido perjudicar al opositor número 15 o se evite la entrega de los documentos, Chandiramani ha señalado que “estamos terminando de redactar las 22 actas del tribunal para darle copia de todo, que pueda verlo, analizarlo y estudiarlo y si quiere llevarlo al Juzgado y nos dicen que nos hemos equivocado corregiremos”, ha aclarado.
Justifica el hecho de que todavía no se le haya dado toda la documentación a pesar de haberse pedido hasta en tres ocasiones, por el mes de agosto, en donde el parón, con menos personal, afecta también a la administración. “No tenemos nada que esconder, vamos a darle copia de todo el expediente”, ha ratificado.
“Lamentamos el daño” causado, insiste, “pero ha sido un error involuntario, nada más”. La corrección de la lista se hizo nada más recibir las alegaciones de la que era otra perjudicada en este caso, la número 16, comprobándose que “el ICD y la empresa se habían equivocado” en la baremación “y corregimos”, añade Chandiramani.
Por parte de la Ciudad insiste en el mensaje de que “nadie se ha equivocado con un interés” y ha habido reuniones con el afectado para informarle de todo aunque no una audiencia formal, que tiene que seguir sus trámites.
Ahora está en el tejado de la institución municipal el responder al recurso de alzada presentado y, según sea la resolución, la parte afectada decidirá si seguir por la vía judicial, algo a lo que está expuesto el Gobierno.
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