Habitualmente en el centro de polémicas partidistas populistas, la gestión de las competencias de Menores que la Ciudad asumió hace ya cerca de un cuarto de siglo sigue mejorando pese a su dificultad y a los contratiempos a los que ha tenido que hacer frente, el más clamoroso la falta de infraestructuras para cumplir con un cometido que debería ser una prioridad para cualquier administración y sociedad avanzada, el cuidado de los más desprotegidos.
Después de varios intentos infructuosos, el Gobierno de Ceuta está a punto de adjudicar un servicio de atención residencial integral externalizada para hasta cien menores migrantes solos que permitirá dedicar el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza a los servicios de primera acogida, dando un avance sustancial a la asistencia que actualmente presta el Área.
La construcción del nuevo equipamiento proyectado en el solar de la antigua prisión de Los Rosales que se va a financiar con fondos europeos todavía está esperando la elaboración de su proyecto, pero mientras el Servicio de Protección a la Infancia, sin medidas improvisadas como las que se han adoptado antaño y que han terminado generando más problemas que soluciones, ha logrado con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales y la solidaridad del resto de autonomías reducir a alrededor de 150 el número de niños acogidos y ha encontrado soluciones provisionales para continuar avanzando a la espera de inversiones prometidas muchas veces y todavía no ejecutadas.
La Ciudad debe aprovechar esta legislatura, con una nueva gestión fronteriza que ha ayudado a mitigar la ingente presión migratoria infanto-juvenil, para consolidar una gestión sostenible siguiendo las directrices del personal especializado.
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