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Por su parte, la Delegación del Gobierno se compromete a disponer de los recursos materiales y humanos necesarios, designar tutores especializados y proporcionar a los estudiantes un entorno adecuado para el aprendizaje. Además, deberá dar su conformidad previa a los planes de prácticas enviados por la universidad y garantizar que se cumplan las normas en materia de prevención de riesgos laborales.
El convenio establece que las prácticas no generarán relación laboral alguna entre el estudiante y la Administración del Estado, ni implicarán mérito para el acceso a la función pública. Asimismo, se contempla la posibilidad de resolución anticipada del periodo de prácticas por parte de cualquiera de las partes, siempre que existan causas justificadas.
La duración inicial del convenio será de cuatro años, prorrogables por otros cuatro mediante acuerdo expreso entre ambas partes. Además, se constituirá una comisión de seguimiento integrada por representantes de la UMH y de la Delegación, encargada de velar por el cumplimiento del convenio, resolver posibles incidencias y proponer mejoras o adaptaciones al programa.
Con esta colaboración, se refuerza también el papel de las administraciones públicas como espacios de aprendizaje práctico y socialmente comprometido. El programa puede convertirse en una oportunidad para que los estudiantes desarrollen competencias clave en un entorno real, aprendan del funcionamiento institucional y, al mismo tiempo, aporten una mirada joven e innovadora al ámbito público.
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