El Gobierno de Pedro Sánchez ya sondeó la posibilidad de aplicar el acuerdo de inmigración firmado entre España y Marruecos en 1992, en el cual se basan las devoluciones de los más de 100 subsaharianos realizadas ayer, apenas 24 horas después de su entrada en Ceuta. Lo hizo el pasado 26 de julio, cuando sorprendieron los métodos utilizados por más de 600 subsaharianos durante el mayor salto registrado en la valla de Ceuta, que dejó a varios agentes de la Guardia Civil heridos.
Los ministros Fernando Grande-Marlaska, responsable de la cartera de Interior, y Josep Borrell, de Exteriores, habrían solicitado sin éxito la aplicación de este convenio al vecino país. Marruecos declinó esta opción, aunque se ofreció a retomarlo en un salto de características similares.
Según este convenio, ambos países disponen de diez días de plazo para solicitar la readmisión de las personas que hayan entrado irregularmente en el territorio de alguno de los Estados. Marruecos y España pactaron en 1992 que las autoridades fronterizas readmitirán en su territorio, a petición formal del país vecino, a los ciudadanos de países terceros que hayan entrado ilegalmente en desde Marruecos a España o viceversa. El problema durante muchos años fue la reticencia del vecino país, que alegó en varias ocasiones durante ese periodo que no podía demostrarse que muchos de los inmigrantes llegados, especialmente por vía marítima, hubiesen salido del territorio alaulí.
Los esfuerzos del ministerio de Interior y la insistencia ante la Unión Europea por mejorar la financiación ofrecida a Marruecos para la cooperación en materia de inmigración habrían ayudado a desatascar esta situación.
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