El Tribunal Supremo acordó, tras dos días de enconado debate que se prolongó durante cerca de 16 horas, que los clientes continúen asumiendo el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, tal y como había mantenido hasta el pasado 16 de octubre.
Ese día, tres sentencias establecieron que tenía que ser la banca -el prestamista-, y no el cliente -el prestatario-, el que se hiciera cargo de la citada tasa, ya que, corrigiendo su propia doctrina, la sala consideraba que eran las entidades las interesadas en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.
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