La previsión que tiene el equipo de gobierno de no dejar ningún hueco posible para mitigar la proliferación de construcciones ilegales en nuestra ciudad va a pasar también por un incremento de las sanciones de manera que por parte de los infractores pueda ser también una medida disuasoaria a la hora de proceder a la realización de cualquier tipo de actuación de esta índole. Por un lado, se va a aprovechar un espacio que aún permite la propia ordenanza en la que se mueve la Ciudad Autónoma de Ceuta y por otro lado, los servicios jurídicos van a realizar un informe que posteriormente será elevado al departamento ministerial correspondiente, en este caso, el Ministerio de Fomento para que se pueda pueda poner al día una legislación que en el caso de Ceuta ha quedado totalmente anticuada. Además, existe el compromiso de la voluntad política porque ya se ha hablado en más de una ocasión entre los miembros de los dos gobiernos.
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