Las devoluciones en Ceuta llegan al Congreso con la reunión de la Diputación Permanente

El próximo 25 de agosto Ceuta tiene una cita en el Congreso. Será uno de los temas principales de la reunión de la Diputación Permanente que decidirá si se autorizan, o no, las distintas peticiones de varios grupos de la oposición, que llaman a comparecer al presidente u otros miembros de su Ejecutivo. Las temáticas principales que se abordarán, y sobre las que otros políticos con representación han pedido explicaciones públicas y urgentes al Gobierno, han sido la brutal subida del precio de la luz, la crisis de Afganistán tras la toma de poder de los talibanes o la evolución del calendario de vacunación. Las devoluciones de menores inmigrantes a Marruecos desde Ceuta será otro de los asuntos que se pretenden tratar.

La ciudad autónoma lleva absorta en una crisis política y social desde que el pasado mes de mayo entrasen más de diez mil personas procedentes del país alauita. Una estrategia hostigada por Mohamed VI para presionar a la diplomacia española, que había decidido acoger en su territorio al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, cuando se encontraba en estado de gravedad a causa de una enfermedad. Desde entonces, muchos menores inmigrantes deambulan por las calles de la ciudad o se encuentran internados en centros de acogida, habilitados para su estancia de manera temporal.

Ahora, meses después y tras la paralización temporal de los retornos pactados entre España y Marruecos para devolver a estos jóvenes, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet ha anunciado su intención de convocar el próximo día 25 de agosto esta reunión, donde Ceuta será uno de los temas a analizar. Ahí se debatirán y votaran las comparecencias planteadas y, aquellas que prosperen, habrán de celebrarse antes del 1 de septiembre, inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Dado que los meses de verano están fuera de los periodos ordinarios de sesiones, es la Diputación Permanente del Congreso —una representación a escala del Pleno— la que tiene la última palabra sobre las comparecencias pedidas por la oposición.