La denuncia hecha por AUGC en torno a los controles que se realizan en el control de pasajeros del puerto a los detenidos con droga en el interior de sus organismos es de calado. Y lo es porque pone sobre la mesa un debate al que nunca ha querido hincarse el diente. No es de recibo que la Policía Nacional tenga que trasladar a un detenido al Hospital para hacerle las radiografías y saber si porta droga porque el servicio de ATS del puerto sirve únicamente a los detenidos por la compañía fiscal de la Guardia Civil. No es de recibo porque la administración, esa que nos venden que es única, está provocando tardanzas y gastos en recursos y economía por un imperativo legal que no cuadra con la realidad. La ley provoca una discriminación y da facilidades a quienes cometen actuaciones ilícitas. En este asunto, que AUGC va a llevar al Defensor del Pueblo, se exige claridad. La Delegación del Gobierno debe ser quien la aporte. Si no quiere que los policías detengan a culeros que lo diga, entonces se dibujarán barreras marcadas por competencias que dejarán a nuestras fuerzas de seguridad encorsetadas mientras los delincuentes siguen sin encontrarse límites.
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