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Los vecinos solicitan a los técnicos de la Ciudad que comprueben in situ el “cierre de una calle por apropiación” y el uso de una “zona verde para almacenar áridos”
Las familias de unas 40 viviendas de la Urbanización El Pinar y del Arroyo del Infierno denunciaron ayer de forma pública el “descontrol urbanístico” que perjudica la zona donde se encuentran sus casas y, por extensión, afecta su propia tranquilidad. La “gota que ha colmado el vaso” se sobrevino sobre el vecindario cuando, la semana pasada, “alguien cortó la carretera de acceso con la idea de apropiarse de la parcela”.
Esta persona, explicaron los residentes en el lugar, “acotó el carril sin tener documentación alguna que acredite su titularidad”. El vecindario telefoneó a la Policía Local, que interpuso denuncia por este presunto incumplimiento de la normativa, pero el promotor de las actuaciones prosiguió con el cierre de este carril por culpa de la “lentitud de la burocracia”. “La Ciudad dijo que iba a tomar medidas, pero sigue cerrada”, protestaron, después de que esta misma semana contactaron con Patrimonio y Urbanismo.
El colectivo acudió al Catastro y el Registro de la Propiedad donde comprobaron que la carretera es una vía pública y el propietario del terreno colindante figura como “desconocido”, como demostraron con la documentación recabada en su periplo a fin de esclarecer los motivos de su bloqueo. Una calle señalizada horizontalmente como de entrada a la urbanización que, ahora, está anulada y, por esta razón, los vecinos tienen que utilizar un único carril “estrecho” como vía de entrada y salida pese “a la falta de visibilidad”.
Por otra parte, los vecinos apuntaron a un terreno que, como atestiguan las fotografías aportadas, fue utilizado como “almacenaje de áridos” pese a tratarse de una “zona verde y de recreo”. Un “constante tránsito de camiones” denunciado, del mismo modo, ante la Policía Local ya que, destacaron los residentes, ni dispone de los permisos pertinentes, le falta una carretera de servicio para no coincidir con el resto del tráfico rodado y de limpieza para aplacar la polvareda que ha estado levantando mientras ha durado el movimiento de tierras”. Junto a este terreno se encuentra una ONG con “expedientes abiertos” por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Seprona debido a la presunta “modificación del cauce del arroyo”.
Ésta es solo la punta del iceberg ya que también se quejaron por la ausencia de cerramiento en las parcelas; los desperfectos en la calzada y acerado pese al “parcheo” de Obimace; o las deficiencias de los sistemas de comunicaciones que debilitan internet.
Los vecinos se declaran “víctimas porque la Ciudad Autónoma permitió la venta de parcelas sin urbanizar”, por lo cual, tuvieron que, a nivel particular, pedir al entonces responsable de Fomento que les facilitase los suministros “y éste se apiadó” de esta circunstancia.
Los residentes, reunidos para dar a conocer su problemática, exigieron a la Ciudad Autónoma que “hinque el diente” en este asunto porque la situación es “insostenible”. Los habitantes de El Pinar y el Arroyo del Infierno se preguntan cómo es posible que el Gobierno permita en la misma zona “que haya personas que paguen sus impuestos mientras que otros, sin hacerlo, permanezcan impunes”.
En caso de duda de quien es el propietario, que se aplique la ley pues existe una servidumbre de paso.