La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguró ayer en Ceuta que el actual sistema de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social seguirá vigente después del 1 de septiembre y que el Consejo de Ministros aprobará hoy el mecanismo de subvención del transporte de ciertas mercancías hacia y desde las ciudades autónomas.
Se trata de dos buenas noticias, aunque la primera parece cerrar un aparente conflicto de la misma manera que lo abrió el mismo Gobierno central, sin argumentos o datos (conocidos al menos) que sustentasen el paso que dio en un Real Decreto en enero.
Ahora se da marcha atrás con la misma ausencia de análisis de fondo sobre cuál es el número y perfil de empresas y trabajadores que saldrían beneficiados y perjudicados con la modificación planteada y supuestamente ya abortada a expensas de la concreción de esa decisión.
Con las bonificaciones al transporte de mercancías el Ejecutivo de Pedro Sánchez implementa por fin un mecanismo del que se lleva hablando desde hace seis años y que solamente beneficiará a cinco grupos: los “productos originarios o transformados en Ceuta”, las materias primas y productos intermedios necesarios para su fabricación, las mercancías en stock procedentes de importaciones de pequeños y medianos comercios sujetas al régimen de venta al por menor, las mercancías peligrosas y los residuos.
Es otra buena noticia, aunque la partida presupuestaria reservada este año para su aplicación apenas se eleva a 250.000 euros para las dos ciudades autónomas y presumiblemente será necesario elevarla sensiblemente en ejercicios venideros para que su eficacia se perciba de forma más amplia.
Las dos novedades deben ser, por tanto, bien recibidas, aunque su desarrollo tendrá que ser objeto de seguimiento al detalle.
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