El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha condenado a 7 personas por su implicación en delitos de falsificación de documento público, todas ellas implicadas en una serie de irregularidades que tuvieron como perjudicada a la Tesorería General de la Seguridad Social y que se conocieron en septiembre de 2019.
Fue tras una indagación de la Inspección de Trabajo y de la Policía Nacional girada a una supuesta empresa ubicada en Ceuta cuando se comprobó que la misma carecía de domicilio social en las dos direcciones que reseñaba. Ambas eran viviendas particulares, una situada en el Príncipe y otra en la calle Ibáñez Trujillo, nada que ver con el negocio de hostelería oficialmente declarado.
Se estaba por tanto ante una sociedad fantasma y una auténtica trama para defraudar a la Seguridad Social simulando relaciones laborales entre jefes y empleados para así poder cobrar posteriormente prestaciones por desempleo, incapacidad o de otra clase.
Esa sociedad ficticia se encargaba de simular contrataciones laborales de trabajadores a los que daba de alta en la Seguridad Social con el único fin de poder favorecerles en el cobro de prestaciones.
La empresa tenía por objeto social la prestación de servicios de catering, restauración y hostelería, dando como reseña dos direcciones en donde, realmente, no había sede alguna.
Un comprador en la cárcel y unos socios que nunca pisaron Ceuta
En realidad el comprador de dicha empresa estaba en prisión mientras que su representante y el administrador residían en Valencia. A todos ellos se les citó en la Inspección de Trabajo, a donde ni comparecieron ni atendieron las llamadas. Ninguno además había viajado alguna vez a Ceuta ni hecho uso del transporte marítimo o aéreo.
Tanto el representante como el administrador de esa empresa, identificados como E.S.A. y F.A.Q., han reconocido la comisión de un delito continuado de falsedad de documento público aceptando una pena de 11 meses de prisión, así como el abono de una multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 euros.
Otras cinco personas beneficiarias de esas relaciones laborales que en el fondo eran fraudulentas reconocieron haber cometido un delito de falsedad de documento público aceptando una condena de 3 meses de prisión y la misma multa. Se trata de los llamados A.L.M., A.O.F., G.M.R., L.I.P. y M.Ch.M.
Respecto de otro de los investigados en esta causa se retiró la acusación al no haber quedado acreditado que supiera de la ilicitud de este auténtico negocio. Dos personas más implicadas se encuentran en busca y captura.
Las condenas, aceptadas por todos a través de una conformidad que se aceptó por videoconferencia celebrada este lunes, quedan suspendidas durante un periodo de dos años aplicándose además la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Cada uno de esos falsos trabajadores actuaron a sabiendas de que no prestaban servicios simulando por tanto esa relación laboral e integrando una incorporación al sistema de la Seguridad Social irregular. De esta manera adquirían una antigüedad para luego percibir prestaciones sociales del servicio público de empleo. Ninguno estaba empadronado en Ceuta pero aún así figuraban como parte de unos servicios nunca prestados.
La sentencia es firme y evidencia uno de los delitos que más se están produciendo en los últimos años. La UCRIF del Cuerpo Nacional de Policía ha destapado varios casos de tramas irregulares que buscan vivir del fraude para cobrar prestaciones o facilitar incluso beneficios a supuestos trabajadores que ni residen en la ciudad. En otros casos incluso se hacen contratos falsos de trabajo para garantizar la residencia a extranjeros.
La coordinación de Policía, SEPE y Seguridad Social además de la Inspección de Trabajo es clave para acabar con estos casos.
